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La crisis de agua golpea nuevamente a la zona metropolitana: más de 60 pozos administrados por Interapas han presentado fallas durante 2026, cifra equivalente a cerca de la mitad de su infraestructura de extracción, mientras las familias terminan pagando hasta mil pesos por una pipa particular.
El deterioro coloca bajo presión a Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, ante los cuestionamientos sobre mantenimiento preventivo y una operación que continúa dependiendo de soluciones emergentes.
Mientras los pozos salen de operación, el organismo destina alrededor de 40 millones de pesos este año al esquema de distribución mediante pipas. La respuesta temporal no resuelve el problema de fondo: recuperar equipos de bombeo, rehabilitar infraestructura y garantizar que el agua vuelva a llegar directamente a las viviendas.
Para las familias, la crisis tiene además un impacto económico. Ante la falta de suministro por la red, quienes recurren a proveedores particulares enfrentan cobros de entre 800 y mil pesos por servicio, pagando adicionalmente para obtener un recurso que debería garantizarse mediante el sistema hidráulico.
Con decenas de fallas acumuladas, las pipas dejaron de ser únicamente una medida extraordinaria para convertirse en símbolo de una infraestructura bajo presión. Mientras Interapas enfrenta averías, la factura de la crisis termina llegando directamente a los hogares.
