Agencia Reforma
Ciudad de México 16 febrero 2026.- La relatora especial de las Nacionales Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, calificó de alarmantes las cifras de feminicidio que se registran a nivel mundial, incluido México.
En la Cámara de Diputados, donde dictó una conferencia magistral, la especialista presenció cuando la presidenta de la Comisión de Igualdad, la morenista Anaís Burgos, fue increpada por asistentes al evento, por destinar la mayor parte de su discurso a hablar sobre las políticas del actual Gobierno en materia de mujeres.
Durante su conferencia magistral, Alsalem advirtió regresiones importantes, a pesar de más de mil reformas legales aprobadas en todo el mundo sobre equidad de género.
La experta dijo que aunque los Estados han promulgado leyes en materia de violencia, así como aumentado la presencia de las mujeres en parlamentos y partidos y ha habido una participación económica de ellas más grande, la violencia contra mujeres y niñas continúa a niveles epidémicos y alarmantes en el mundo.
A nivel mundial, informó, las mujeres gozan de aproximadamente el 77 por ciento de los derechos legales reconocidos a los hombres y pese a que el reconocimiento jurídico de ellas se ha ampliado, en algunos ámbitos la violencia persiste y en otros se intensifica.
Reem Alsalem sostuvo que en feminicidios las cifras resultan alarmantes, ya que sólo en 2024, al día, 137 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en el mundo y el 60 por ciento de ellas por parejas o familiares.
No obstante, reconoció que en estos casos existe un subregistro grave y significativo.
Como ejemplo, la relatora mencionó los asesinatos de mujeres relacionados con el crimen organizado, las desapariciones forzadas, la violencia armada y la trata de personas.
También recordó que en el examen de México de 2025, el Comité de la Cedaw reconoció que hay un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrado por actores estatales y no estatales, que hay desapariciones persistentes de mujeres, así como deficiencias en la investigación y la reparación del daño y apoyos insuficientes para sus familias.
Además, dijo, el Comité señaló para México obstáculos estructurales, entre ellos, la limitada autonomía de los organismos de supervisión y la insuficiencia de resultados medibles.
“La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas y esta es la realidad en todo el mundo”, aseguró.
La experta afirmó que la violencia contra las mujeres se exacerba por la desigualdad estructural, la pobreza, el desplazamiento y el crimen organizado, pero también por la creciente militarización y las políticas de austeridad adoptadas por muchos Estados.
Las medidas de austeridad, explicó, debilitan a las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, porque se trata de una decisión política en la que no se prioriza la atención de las víctimas y se eligen otras prioridades.
“Estas medidas de austeridad, ya sea vinculadas a presiones financieras globales o a aumento en gasto militar, han resultado en recortes graves en refugios para mujeres víctimas de violencia, asistencia jurídica y servicios de protección”, expresó.
Alsalem alertó también una erosión del derecho internacional humanitario, de ahí que la violencia y la violación sexual se usan cada vez más como un arma de guerra, y la violencia reproductiva, el embarazo y el aborto forzado y la negación de la atención materna se utilizan incluso para cometer genocidio y destruir comunidades total o parcialmente.
“Lo que estamos viendo en Afganistán es un tipo de genocidio hecho a las mujeres y las niñas, porque las están destruyendo a ellas como grupo basado en su sexo y esta destrucción no es solamente física, es psicológica, civil, social (.) No podemos normalizar este tipo de colapso, porque si esto va a ser lo normal, entonces tenemos un problema muy grave”, advirtió.
La experta lamentó también que América Latina se ha convertido en un destino para la industria de la gestación subrogada, cual la explota a las mujeres, en particular las que están en situación de pobreza, y las somete a coerción y violencia económica y psicológica a través de contratos abusivos.
