Agencia Reforma
Ciudad de México 11 marzo 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé revocar un amparo otorgado, en febrero de 2025, al Grupo Xcaret que le permitía utilizar elementos culturales del pueblo maya en su publicidad y sitios web.
El proyecto de la Ministra Estela Ríos en el incidente de suspensión 4/2025 le da la razón a integrantes del pueblo maya que en 2022 acusaron el uso indebido de elementos como el Día de Muertos, el juego de pelota o la travesía sagrada maya a partir de un “contrato de transición” con el denominado Gran Consejo Maya de Quintana Roo.
“La protección jurídica del patrimonio cultural del Pueblo Indígena Maya por ley es de interés público (..) y es obligación del Estado su protección jurídica.
“Por lo tanto, todas las instituciones mexicanas están obligadas a tomar las medidas necesarias para su protección”, refiere el proyecto, que propone revocar la suspensión definitiva otorgada en febrero de 2025 por el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa de la Ciudad de México a la empresa.
Antes de esa suspensión, los quejosos ya habían conseguido dos sentencias favorables por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor).
Primero, en 2022, al imponer medidas precautorias, este instituto solicitó retirar de circulación documentos y promocionales que usaran elementos del patrimonio maya, abstenerse de publicar o comercializar productos y servicios basados en la cosmogonía y retirarlos de su página web.
En septiembre de 2024, le otorgó a Xcaret 5 días hábiles para cumplir, y al mes siguiente impuso una multa ante la “negativa y rebeldía” de la empresa que buscó y obtuvo el amparo.
El caso llegó a la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el 7 de octubre, quien solicitó que la Corte analizara el asunto. “Vamos a revisar en particular Xcaret, vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que revise”, dijo y el ministro Presidente, Hugo Aguilar, llevó al Pleno la propuesta que fue avalada una semana más tarde.
Ríos sustenta su propuesta en la reforma al artículo segundo de la Constitución, del 30 de septiembre de 2024, que incluyó aspectos como el reconocimiento de autonomía, la propiedad intelectual colectiva o el interés público, hasta afirmar que, bajo el nuevo marco constitucional, el contrato que la empresa firmó con un consejo local no es suficiente para otorgarle un “derecho aparente”, ya que la Constitución ahora protege explícitamente la autonomía y propiedad colectiva de todo el pueblo sobre su cultura.
