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Staff / El Mañana
Un operario de unidad pesada enfrenta proceso penal tras provocar un choque múltiple en la vía a Villa de Arriaga donde falleció un menor.
Las consecuencias de la imprudencia al volante en las carreteras potosinas alcanzaron el ámbito judicial tras el desarrollo de la primera audiencia sobre un fatídico choque. La autoridad resolvió formalizar el seguimiento legal en contra del conductor de un tractocamión involucrado en la pérdida de una vida humana y lesiones graves a otra persona.
Los hechos que derivaron en esta determinación ocurrieron a la altura del tramo carretero a Villa de Arriaga, sobre la ruta 80. En ese punto de alto flujo vehicular, la unidad de carga se desplazaba de manera intempestiva hasta impactar fuertemente a dos vehículos particulares que transitaban por la misma vía.
Entre los automóviles afectados se encontraba un vehículo de alquiler en el que viajaban dos integrantes de una familia. La fuerza de la colisión provocó que la unidad de transporte público sufriera daños estructurales severos, atrapando a los ocupantes en el interior del habitáculo.
Como resultado inmediato de la colisión, un adolescente de 17 años de edad perdió la vida en el lugar del percance debido a la gravedad de los traumatismos sufridos. Asimismo, la madre del menor resultó con lesiones de consideración que requirieron su traslado urgente a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.
Corporaciones de seguridad acudieron al paraje tras los reportes de auxilio formulados por otros automovilistas que presenciaron el choque. En el sitio de la tragedia, las autoridades procedieron a la detención del chofer identificado como Antonio “N”, pones a disposición de la representación social para el deslinde de responsabilidades.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, los elementos de prueba expuestos permitieron imputar los delitos de homicidio doloso con dolo eventual, tentativa de homicidio, conducción temeraria y daño en las cosas. El juzgador analizó la mecánica del percance y determinó la existencia de elementos suficientes para dar curso al proceso penal.
El juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ordenando el internamiento del probable responsable en el centro de reclusión correspondiente. Además, se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria antes de dictar la sentencia definitiva.
