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Staff / El Mañana
Un juez de control dictó prisión preventiva para los implicados en los disturbios registrados tras un festejo popular en el municipio de Cerro de San Pedro.
Un juez de control resolvió vincular a proceso a cuatro hombres que fueron capturados por las fuerzas estatales luego de suscitarse un violento altercado al término de un evento taurino en la comunidad de La Zapatilla. Los hechos, ocurridos a finales de septiembre, movilizaron a las corporaciones de seguridad tras reportarse el colapso del orden público al concluir un jaripeo.
La intervención de la Guardia Civil Estatal en el sitio derivó en la detención inmediata de los señalados, quienes fueron puestos a disposición de la representación social para el deslinde de responsabilidades penales. Las indagatorias iniciales permitieron imputar imputaciones diferenciadas a los involucrados conforme a su grado de participación en los desmanes.
De acuerdo con las causas penales integradas por el ministerio público, a dos de los imputados, identificados como Óscar “N” y Juan “N”, se les atribuyen conductas delictivas constitutivas de cohecho y la portación de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, los otros dos acusados, Armando “N” y José “N”, enfrentan cargos por el delito de resistencia a la autoridad.
Durante la audiencia inicial, la representación social presentó los elementos probatorios recabados por los peritos y agentes investigadores, solicitando la medida de internamiento cautelar dada la gravedad de los ilícitos cometidos durante la gresca. El juzgador estimó suficientes los datos expuestos para determinar la procedencia del proceso legal.
Ante la solidez de las imputaciones, la autoridad judicial decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los cuatro señalados, ordenando su permanencia en el centro de reinserción social mientras se desahoga la investigación complementaria. El tribunal fijó un plazo determinado para que ambas partes aporten nuevas pruebas.
La representación social mantiene abiertas las carpetas de investigación para determinar si existen otros individuos involucrados en las agresiones o en el uso ilegítimo de armamento durante la trifulca. La investigación penal continuará desahogándose bajo el estricto principio de presunción de inocencia en tanto no se emita un fallo definitivo.
El caso continúa bajo la jurisdicción de las autoridades ministeriales para esclarecer de forma integral la mecánica de los hechos y garantizar que las afectaciones derivadas de los actos de violencia no queden impunes. Se prevé que en las próximas semanas se realice el desahogo de las diligencias pendientes.
