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Staff/ El Mañana
Productores de la región Huasteca solicitaron la aplicación estricta de la ley ante presuntos actos irregulares en la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, relacionados con el manejo de aretes de identificación de ganado. Señalaron que estas anomalías podrían generar un descontrol sanitario en los hatos y poner en riesgo los avances logrados en trazabilidad y control zoosanitario.
Durante reuniones del gremio, los ganaderos coincidieron en que las autoridades competentes deben investigar a fondo para deslindar responsabilidades y garantizar transparencia en el proceso de identificación del ganado, considerado clave para mantener la movilidad y comercialización en otras regiones del país.
Edgar Larraga, representante ante la Unión Ganadera por la Asociación Ganadera de Ciudad Valles, afirmó que las fallas detectadas evidencian omisiones en áreas y personal que dejaron de cumplir con sus funciones, afectando directamente a los productores. Añadió que la situación compromete los esfuerzos institucionales para blindar al sector frente a amenazas sanitarias como el gusano barrenador.
Por su parte, el productor Randolfo Betancurt advirtió que la falta de revisión al ganado que ingresa a la zona podría provocar afectaciones económicas, incluida una caída en el precio del ganado. Subrayó que los ganaderos demandan que se actúe conforme a derecho para evitar que irregularidades dañen la producción regional y el estatus sanitario alcanzado tras años de trabajo.
Sader, bajo lupa por escándalo
La delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quedó bajo sospecha tras revelarse la entrega irregular de 13 mil 668 aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado en la Huasteca, cuando dos unidades apenas justificaban alrededor de 500. El excedente exhibe fallas graves en los mecanismos de control y validación del padrón ganadero, en un contexto de alerta sanitaria.
Cae la primer cabeza
Tras la denuncia pública, Guillermo Andrés Rivera Vázquez fue notificado de su salida, dejando vacante la delegación estatal. El relevo ocurre mientras productores demandan auditorías a fondo y la aplicación de sanciones, al advertir que la falta de trazabilidad pone en riesgo el estatus sanitario y la comercialización del ganado.
