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SAN LUIS POTOSÍ — La onda de fraudes inmobiliarios ha tenido a más de uno con susto en el corazón y la cartera vacía. Por eso, diputados locales propusieron una iniciativa bien fuerte: prohibir que los notarios puedan certificar contratos privados de compra-venta de inmuebles.
La movida viene porque, según los promotores de esta idea, esa certificación —aunque no formaliza una compraventa legal— muchas veces es usada por ratas disfrazadas de vendedores para simular actos jurídicos y dejar a la gente fuera de su propia propiedad.
La propuesta ya está en la mesa del Congreso del Estado, a la espera de que la debatan y se vote. Si se aprueba, implicaría quitarle a los notarios esa facultad específica y, con suerte, cerrar una puerta que muchos defraudadores han explorado a la hora de hacer chueco un negocio inmobiliario.
Critican que en SLP han proliferado anuncios y contratos que parecen legítimos solo porque tienen sello y firma, aunque no tienen el respaldo real de una escritura pública ni certeza registral. El objetivo de la iniciativa es proteger a quienes compran o rentan propiedades y que no terminen con un *“papelito bonito” pero sin casa que lo respalde.
Organismos del ramo y abogados han alertado que estos fraudes no solo cuestan dinero, sino que también pueden dejar a familias sin sus casas o negocios sin local, porque no hay un verdadero acto jurídico que respalde la operación.
Si la iniciativa sigue su curso, los contratos privados dejarían de tener esa “bendición notarial” que hoy puede darles una falsa sensación de seguridad, y se buscaría que solo los actos jurídicos legalmente protocolizados cuenten para efectos de propiedad real.
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