- Sospechas de corrupción rodean la logística de “El Mercadito”.
Staff/El Mañana
La administración de Lisa Izaguirre en Villa Juárez se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de irregularidades que sugieren un manejo discrecional de los recursos públicos. El núcleo del conflicto es el programa social “El Mercadito”, cuya inversión total permanece bajo llave debido a la negativa sistemática del Ayuntamiento para entregar cuentas claras. Pese a que el acceso a la información es un derecho ciudadano, la gestión de Izaguirre Rico ha optado por el hermetismo, entregando datos fragmentados que impiden auditar el verdadero impacto financiero de sus iniciativas estrella en la región.
La sospecha de corrupción cobra fuerza con la aparición de “Grupo Kingjar”, la empresa supuestamente contratada para la logística y proveeduría del programa. Una investigación sobre este proveedor revela un escenario desolador: no existen registros comerciales, oficinas físicas ni antecedentes que validen su capacidad operativa. Este perfil de “empresa fantasma” es el que hoy maneja el dinero de los potosinos, lo que apunta a una simulación de contratos diseñada para desviar fondos públicos hacia destinos desconocidos, evadiendo los controles de fiscalización estatal.
Finalmente, la propia alcaldesa se ha encargado de alimentar la desconfianza con declaraciones que contradicen la documentación oficial. Mientras las facturas sugieren que el proveedor se encargó del traslado de mercancía, Izaguirre presumió en redes que los vehículos de su rancho particular realizaron el trabajo. Este cruce de versiones no solo revela un caos administrativo, sino un posible conflicto de interés donde se mezclan bienes privados con presupuestos públicos. La falta de respuestas claras mantiene a Villa Juárez en un estado de alerta ante un posible desfalco orquestado desde la presidencia municipal.
