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Staff / El Mañana
Autoridades indígenas de Coxcatlán desairan convocatoria del INPI al considerarla violatoria de su autonomía y aseguran que el proceso de consulta ya concluyó en la región.
Inconformes con los métodos y la legalidad del procedimiento implementado por las instancias federales, los integrantes de la Junta Municipal de Autoridades Indígenas de esta demarcación manifestaron su rotundo rechazo para participar en la nueva asamblea convocada por el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de Tancanhuitz. A través de un oficio formal entregado en las oficinas de representación, los líderes comunitarios señalaron que la convocatoria emitida vulnera de manera directa los principios constitucionales de autonomía, libre determinación y los derechos colectivos que protegen al pueblo náhuatl asentado en la región huasteca.
El conflicto se detonó tras la emisión del oficio fechado a mediados de septiembre, documento que los representantes locales calificaron como improcedente al advertir omisiones en la representación territorial y la exclusión deliberada de figuras clave de la comunidad náhuatl. Los inconformes argumentaron que las localidades cuentan con sus propios usos, costumbres y formas tradicionales de organización, por lo que cualquier intento de imponer esquemas externos de consulta ajenos a sus normativas internas resulta inaceptable y carente de validez jurídica comunitaria dentro del municipio.
Asimismo, los firmantes recordaron que las jornadas de consulta referentes a la reforma indígena ya se llevaron a cabo de manera previa en las distintas localidades, culminando con una reunión regional celebrada en Ciudad Valles a la que acudió más del setenta por ciento de la representación comunitaria. Durante dicho encuentro, los delegados locales sostuvieron que se presentaron diversas complicaciones operativas, pero insistieron en que el proceso deliberativo ya agotó sus etapas reglamentarias, por lo que convocar a un nuevo ejercicio resulta redundante y entorpece los acuerdos previamente validados por las asambleas.
Ante este escenario de desacuerdo institucional, los representantes advirtieron que no descartan la posibilidad de interponer recursos legales ante tribunales federales si las autoridades insisten en convalidar un proceso que consideran concluido. No obstante, aclararon que su postura no es cerrada al diálogo, siempre y cuando las futuras convocatorias se emitan con la debida anticipación, respetuen los conductos de la Secretaría Técnica local y cuenten con la autorización explícita de las bases comunitarias antes de cualquier firma oficial.
