STAFF/EL MAÑANA
Otra vez la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está en el ojo del huracán. El rector Alejandro Zermeño Guerracarga con observaciones por 600 millones de pesos en la cuenta pública 2023, pero lejos de aclarar las dudas, la UASLP ha decidido cerrarse y jugar al escondite con la fiscalización.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) soltó la bomba: ni los oficios, ni los requerimientos, ni siquiera el diálogo directo con Zermeño sirvieron para abrir las cuentas. El rector prefirió mandar a su abogada general, Urenda Queletzú Navarro, quien —según palabras del propio organismo— prácticamente “los mandó al chorizo”.
La jugada de ampararse y no soltar información confirma a la UASLP como un muro de opacidad en San Luis Potosí. Mientras tanto, Zermeño no se sonroja en pedir más lana al gobierno estatal, aunque no explique en qué se gasta la que ya tiene.
El caso pinta a un rector que protege a su administración por encima de la credibilidad de una institución que, con dinero público, debería ser ejemplo de transparencia. Pero hoy, más que academia, lo que genera son dudas y sospechas.
