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Staff / El Mañana
El gobierno local de Tamuín tendrá que reembolsar 1.5 millones de pesos a empresas tras un cobro calificado como ilegal, evidenciando fallas administrativas y financieras en el municipio.
El municipio de Tamuín, situado en la zona huasteca de San Luis Potosí, enfrenta un revés financiero de consideración luego de que se ordenara la devolución de 1.5 millones de pesos a las compañías Termoeléctrica del Golfo y Peñoles. Esta situación se originó tras un acuerdo del cabildo para aplicar un cobro extraordinario a ambas firmas, el cual fue cubierto en su momento pero inmediatamente combatido por la vía legal al demostrarse su improcedencia jurídica.
Durante una reciente sesión de cabildo, se determinó que la restitución del recurso se realizará mediante abonos mensuales, un esquema que busca amortiguar el impacto en las arcas locales. Diversos sectores ciudadanos y políticos han cuestionado la voracidad con la que actuaron los actuales gobernantes, señalando una falta de planeación y asesoría legal adecuada antes de emprender medidas recaudatorias de esta naturaleza.
Las repercusiones legales no tardaron en manifestarse al interior del cuerpo edilicio. Dos regidores lograron deslindarse de esta responsabilidad tras haber votado en contra de la medida: Cecilia Téllez, representante de Movimiento Ciudadano, y Adriana Carrillo, del Partido Revolucionario Institucional, quienes desde un inicio advirtieron sobre la ilegalidad del cobro. En contraste, el resto de los ediles que avalaron la propuesta deberán responder de manera directa junto con el alcalde Marcelino Bautista Rincón, quien encabeza la administración municipal y ahora lidia con las consecuencias de este fallo adverso.
Asimismo, las críticas se han centrado en el papel del síndico municipal, Oscar Rodríguez, a quien se señala por una deficiente defensa legal ante los tribunales frente a los representantes jurídicos de las empresas afectadas. Paralelamente, se apunta hacia el Director de Catastro Municipal, Marco Antonio Balderas, ideólogo de esta estrategia recaudatoria que resultó contraproducente, obligando no solo a la devolución del dinero, sino también al pago acumulado de multas y recargos que merman las finanzas públicas de Tamuín.
