- Tras veinte años de contaminación y enfermedades por una mina, las autoridades estatales investigan.
Ríos que no llevan agua, sino veneno espeso. Vecinos que llevan años denunciando lo mismo. Autoridades locales que guardan silencio, mientras el Altiplano respira contaminación como si fuera parte del paisaje. Y ahora, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) aparece de nuevo en escena con una actualización que pone más piezas sobre la mesa.
La dependencia informó que desde el 17 de mayo de 2024 su personal acudió a Villa de la Paz para atender una denuncia ciudadana por presuntas emisiones descontroladas de partículas procedentes de la minera Santa María de la Paz. Aunque el caso quedó rápidamente encajonado en la categoría de “competencia federal”, la SEGAM señala que la PROFEPA ya había intervenido antes: la empresa minera fue sancionada con casi 15 millones de pesos y obligada a cumplir medidas correctivas para controlar emisiones a la atmósfera y mejorar el manejo del agua y de sus desechos. En pocas palabras, el desastre ya estaba documentado desde hace tiempo.
Pero mientras la multa aparecía en un oficio y las medidas se anotaban en papel, los jales seguían corriendo como río abierto. Por eso, y tras nuevas denuncias, el Gobernador instruyó al equipo de auditoría y supervisión de la SEGAM a realizar una nueva visita de inspección, esta vez enfocada en verificar un posible desbordamiento de jales que estaría agravando la contaminación en la zona.
La titular de la SEGAM, reiteró que la dependencia está comprometida a vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental y promete mantener informada a la ciudadanía. Y aunque su mensaje es recibido con expectativa, los habitantes no ocultan su molestia: quieren hechos, no comunicados. Quieren monitoreo permanente, no visitas aisladas. Quieren sanciones reales, no expedientes guardados por años.
Porque mientras la autoridad ambiental reactiva inspecciones y reconoce sanciones previas, la realidad es que en Villa de la Paz los “ríos de porquería” siguen bajando, los campos siguen expuestos y la gente sigue esperando que, por primera vez en dos décadas, alguien actúe a tiempo y no cuando el veneno ya tocó la puerta.
