🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Ante el incremento de conflictos intrafamiliares que derivan en delitos y suicidios, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa una estrategia integral de prevención escolar y fortalecimiento hospitalario en San Luis Potosí.
La seguridad en San Luis Potosí ha comenzado a replantear sus fronteras institucionales para mirar hacia el interior de los hogares. Ante episodios de violencia intrafamiliar y una incidencia de autoeliminaciones que mantiene a la entidad por encima de la media nacional, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona planteó fortalecer la atención psicológica como una barrera indispensable de contención social, implementando acciones directas en los planteles educativos y ampliando la capacidad médica especializada.
El mandatario estatal advirtió que una parte importante de los eventos trágicos y de los delitos de alto impacto no surge necesariamente en las calles o bajo el amparo de la delincuencia organizada, sino detrás de las puertas cerradas de las casas. En este espacio privado, los desacuerdos domésticos, la falta de comunicación y los trastornos emocionales no atendidos escalan silenciosamente hasta convertirse en desenlaces fatales que las corporaciones policiales por sí solas no pueden contener.
“El tema de los suicidios también pasa dentro de los muros de las casas”, reconoció públicamente Gallardo al enfatizar la urgente necesidad de construir mecanismos institucionales capaces de identificar señales de alerta temprana. El objetivo gubernamental es interceptar estas crisis antes de que los problemas de índole personal o doméstica degeneren en tragedias irreparables o conductas delictivas graves que afecten a la comunidad.
La dimensión del problema queda de manifiesto al revisar los indicadores oficiales más recientes. Durante el periodo de 2025, San Luis Potosí registró una tasa de 9.5 casos de autoeliminación por cada 100 mil habitantes, una cifra que supera en aproximadamente un cuarenta por ciento el promedio nacional establecido en 6.8, según los datos proporcionados por las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.
Para revertir esta tendencia, la administración estatal busca llevar la prevención hasta las aulas, espacios donde resulta más viable detectar cambios drásticos de conducta en niñas, niños y jóvenes. Esta directriz contempla una mesa de trabajo interinstitucional entre las dependencias de salud, seguridad pública y educación, con la finalidad de dotar a la comunidad estudiantil de herramientas de contención emocional y orientación oportuna.
Asimismo, la propuesta del ejecutivo incluye una expansión de la infraestructura médica del estado. “Tenemos que ir viendo desde las escuelas y más sobre los hospitales psiquiátricos, el reforzamiento de los hospitales psiquiátricos”, puntualizó el gobernador, evidenciando que el sistema de salud requiere camas y personal capacitado para dar respuesta a la demanda de atención especializada en salud mental.
Con este cambio de enfoque, el Gobierno del Estado pretende complementar las acciones de seguridad pública enfocadas en la disminución de delitos patrimoniales y homicidios dolosos mediante una política preventiva transversal. Al involucrar la salud mental y la educación, se coloca la detección temprana como el eje central para evitar que los conflictos familiares deriven en tragedias humanas.
