Ericka Segura.
Desde la Banqueta.
El anuncio del nuevo Sistema Universal de Salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum suena, en el discurso, a una conquista histórica, atención para todos, sin importar afiliación, con expedientes digitales y cobertura nacional. La idea es seductora. El problema es que la realidad —al menos en San Luis Potosí— no resiste el contraste.
Aquí, el sistema de salud no está fragmentado, está rebasado. Hospitales con carencias básicas, desabasto constante de medicamentos, quirófanos que operan a medias y una lista creciente de denuncias por negligencia o abandono. A eso se suma un fenómeno silencioso pero crítico, médicos que ya no quieren trabajar en el sector público. No por vocación, sino por supervivencia. Sin prestaciones dignas, sin garantías laborales y con jubilaciones inciertas, el sistema expulsa a quienes deberían sostenerlo.
En ese contexto, prometer un modelo universal no solo parece prematuro, sino desconectado. ¿Cómo ampliar la cobertura cuando no se puede garantizar lo mínimo a quienes ya están dentro? ¿Cómo integrar instituciones si ninguna funciona con estabilidad plena?
El crecimiento poblacional en San Luis Potosí —que ronda incrementos de hasta 300 por ciento en ciertas zonas— agrava la ecuación. Más habitantes, más demanda, pero la misma infraestructura debilitada. El resultado es evidente, saturación, tiempos de espera interminables y servicios que dependen más de la suerte que de un sistema eficiente.
Pero hay otro ángulo incómodo que el discurso oficial evita, el de los derechohabientes. Trabajadores, maestros y burócratas que durante años han aportado parte de su salario para acceder a servicios médicos. Hoy enfrentan una incertidumbre legítima, ¿qué pasará con sus aportaciones si el sistema se abre a todos por igual? ¿Se diluirán sus derechos en una universalidad mal planeada?
La credencialización, las apps y la digitalización suenan modernas, pero son herramientas, no soluciones. Sin médicos suficientes, sin insumos y sin infraestructura sólida, cualquier plataforma tecnológica será apenas una fachada eficiente de un sistema inoperante.
El fondo del problema no es la fragmentación, como insiste el discurso oficial. Es la precariedad. Y esa no se resuelve con registros ni calendarios de implementación, sino con inversión real, condiciones laborales dignas y una estrategia que priorice lo urgente antes de lo ambicioso.
Universalizar el acceso a la salud es, sin duda, una meta legítima. Pero intentar construirla sobre un sistema colapsado no es una reforma; es una simulación.
