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Staff / El Mañana
San Nicolás Tolentino carece de policías registrados; el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, advierte cárcel a ediles omisos.
La cuenta regresiva ha llegado a su etapa más crítica para las administraciones municipales que decidieron darle la espalda a la dignificación policial. A pocos días de que expire el plazo legal establecido por el Congreso, el mapa del cumplimiento institucional muestra un rezago alarmante, donde la gran mayoría de los Ayuntamientos mantiene en el limbo los incrementos salariales obligatorios para los guardianes del orden en todo el territorio estatal.
La situación más grave se concentra en demarcaciones donde la seguridad pública ha sido literalmente borrada del papel. El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López, denunció el caso límite del municipio de San Nicolás Tolentino, en donde la alcaldesa Alejandra Ortiz literalmente opera sin un solo elemento registrado en su nómina oficial, dejando a sus habitantes en un absoluto estado de vulnerabilidad institucional y desprotección operativa frente a la delincuencia.
El Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, también externó su preocupación por el caso de Tancanhuitz, donde la plantilla de agentes es exigua. De acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, apenas diez de los 59 municipios de la entidad han cumplido formalmente con la entrega de las modificaciones presupuestales requeridas para validar los aumentos salariales antes de la fecha límite fijada para este lunes.
Ante este panorama de simulación, el funcionario estatal advirtió que la ley no tolerará el desvío o la subutilización de los fondos federales etiquetados. Las alcaldesas y alcaldes que se nieguen a comprobar el gasto transparente de los recursos destinados al fortalecimiento policial se enfrentarán no solo a sanciones administrativas, sino a denuncias penales directas ante la Fiscalía General del Estado por la gravedad de la falta cometida.
Las auditorías financieras exigirán a los gobiernos locales la presentación de comprobantes fiscales digitales debidamente timbrados por el SAT, cerrando el paso a cualquier intento de justificación falsa. El cerco legal se estrecha contra los ediles omisos, marcando un precedente histórico en la fiscalización de los recursos de seguridad en las regiones potosinas.
El próximo lunes 31 de agosto vence el plazo para que los Ayuntamientos acrediten ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, la homologación de salarios a los elementos de Seguridad Pública municipales, con base en la reforma constitucional publicada en abril de 2026. De no cumplir, las consecuencias podrían ser sumamente severas.
