- Denuncian falta de transparencia institucional tras una resolución de docente vinculado a proceso penal.
Staff/ El Mañana
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí enfrenta cuestionamientos por el manejo institucional de un caso que involucra a un docente de la Facultad de Ciencias, cuya situación jurídica y administrativa ha generado inquietud entre estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.
De acuerdo con una denuncia ciudadana hecha llegar a este medio, la Defensoría de los Derechos Universitarios habría acreditado la responsabilidad del profesor en diversas conductas contrarias a la normativa institucional tras una investigación interna. Entre los señalamientos incluidos en el expediente se encuentran presuntos actos de violencia de género, conductas de connotación sexual en el ejercicio de funciones docentes y consumo de alcohol en horario y espacio laboral.
La denuncia sostiene que, pese a la existencia de una resolución interna y a que el docente fue vinculado a proceso penal desde marzo de este año por presuntos delitos relacionados con la agresión a una exalumna, la universidad no ha transparentado públicamente los resultados del procedimiento ni ha informado con claridad las medidas adoptadas respecto a su situación laboral.
La inconformidad se centra en la percepción de falta de rendición de cuentas por parte de la institución. Quienes hicieron llegar la documentación consideran que el silencio institucional ha generado incertidumbre y desconfianza entre sectores de la comunidad estudiantil, particularmente por la gravedad de los hechos denunciados y por la exigencia de contar con espacios seguros dentro de la universidad.
Los denunciantes afirman además que existen antecedentes de señalamientos contra el profesor y cuestionan si las instancias universitarias actuaron oportunamente frente a reportes previos. También sostienen que el docente continúa percibiendo ingresos de la nómina universitaria mientras enfrenta el proceso judicial correspondiente.
Hasta el momento, la UASLP no ha emitido una postura pública detallada sobre los señalamientos contenidos en la denuncia. Mientras tanto, estudiantes y ciudadanos demandan mayor transparencia, información clara sobre las decisiones institucionales y una explicación puntual sobre los mecanismos implementados para garantizar la seguridad y confianza de la comunidad universitaria.
