Representante indígena Teenek, en silla de ruedas, tuvo que ser asistida para desplazarse dentro del edificio Hidalgo.
Staff/ El Mañana
La participación ciudadana en el Congreso del Estado de San Luis Potosí quedó bajo cuestionamiento tras la denuncia pública de Blakely Morales Cruz, quien evidenció condiciones de inaccesibilidad durante un foro contra el fracking realizado en el recinto legislativo.
De acuerdo con la denuncia, una representante indígena Teenek, usuaria de silla de ruedas, tuvo que ser asistida por otras personas para desplazarse dentro del edificio Hidalgo, sede del Poder Legislativo. La imagen del momento, difundida en redes sociales, exhibe las limitaciones físicas del inmueble, que carece de infraestructura adecuada para garantizar el acceso pleno a personas con discapacidad.
El señalamiento pone en entredicho el papel del Congreso como garante de derechos, al no ofrecer condiciones incluyentes en un espacio donde se debaten temas públicos de alto impacto. La situación resulta particularmente contradictoria al tratarse de un foro donde participaron comunidades indígenas y defensores del territorio, sectores que históricamente han enfrentado barreras estructurales.
La crítica también apunta a una omisión institucional: la falta de adecuaciones como rampas funcionales, accesos seguros y movilidad interna adaptada. Estas carencias no solo vulneran el derecho a la accesibilidad, sino que limitan la participación efectiva en procesos democráticos.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores, al considerar que la inclusión no debe quedar en el discurso, sino reflejarse en condiciones reales. La denuncia abre nuevamente el debate sobre la necesidad de modernizar los espacios públicos y garantizar que nadie quede excluido del ejercicio ciudadano por razones de infraestructura.
