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SLP.- El Congreso de San Luis Potosí dio un paso que ya estaba pidiendo la calle: aprobó un dictamen que amplía las causales para que la interrupción del embarazo deje de ser delito en el estado. Es un movimiento que, para muchos, llevaba años atorado entre prejuicios, burocracia y discusiones que no avanzaban.
Con esta reforma al Código Penal, ya no solo se contempla la despenalización en casos de violación o riesgo grave para la vida. Ahora incluye escenarios como malformaciones severas del feto, afectaciones importantes a la salud física o mental de la mujer, y otras condiciones donde continuar con el embarazo puede poner en riesgo a la persona gestante.
Colectivas feministas y organizaciones de derechos humanos celebraron que al fin se reconozcan contextos reales: mujeres que enfrentan violencia, pobreza, falta de acceso a salud y situaciones límite donde decidir no es un lujo, sino una necesidad. Del otro lado, grupos conservadores volvieron a protestar, acusando que esto “abre la puerta” a una despenalización total.
Más allá del ruido, la reforma significa algo concreto: menos criminalización y más protección para quienes viven embarazos en circunstancias difíciles. Y aunque todavía falta que hospitales y personal médico reciban lineamientos claros, el voto del Congreso ya movió la ruta.
Hoy SLP se suma —con sus matices y resistencias— a la tendencia nacional por ampliar derechos reproductivos. Es un paso que no resuelve todo, pero sí abre una ventana para que las decisiones sobre el cuerpo no vuelvan a terminar en un proceso penal.
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