SLP cierra la puerta a depredadores

  • Con unanimidad y sin titubeos, el Congreso aprobó castigos de hasta 18 años de prisión contra abusadores de niñas, niños y adolescentes

Fotos: Especial

San Luis Potosí,.- En una decisión que ya era urgente y necesaria, el Congreso del Estado por fin le puso nombre, forma y castigo contundente a uno de los delitos más graves y crueles: la pederastia. La reforma al Código Penal no solo tipifica el delito, sino que revienta los huecos legales que durante años permitieron que agresores se escondieran tras tecnicismos.

La nueva figura penal incluye el Capítulo IV Bis y los artículos 182 Bis y 182 Ter, que describen con precisión quirúrgica qué conductas serán castigadas. Las penas van de 9 a 18 años de prisión, más multas que pueden superar las 2 mil UMAs, para cualquier adulto que abuse sexualmente de un menor aprovechando confianza, autoridad o subordinación.
 Aquí ya no hay excusas ni “malentendidos”: es delito, punto.

La nueva figura penal también contempla pérdida de patria potestad e inhabilitación para servidores públicos y profesionistas implicados.

La reforma también es contundente al decir que, aunque la víctima no pueda comprender o resistirse, el castigo será igual. Y si hay violencia física, la pena se multiplica: aumenta hasta la mitad.

Y eso no es todo: quien cometa este delito pierde automáticamente cualquier derecho sobre la víctima —patria potestad, tutoría, custodia, adopción o derechos patrimoniales—. La ley ya no va a permitir que alguien abuse y luego se escude en “soy su padre”, “soy su tutor” o “soy su maestro”.

Uno de los golpes más fuertes de la reforma va directo a quienes ocupan posiciones de poder o confianza: servidores públicos, docentes, médicos, ministros religiosos y profesionistas. Si alguno se atreve a cometer este delito bajo el amparo de sus funciones, además de ir a prisión, será destituido o inhabilitado por el mismo tiempo que dure su condena.

El dictamen obliga también a que el Ministerio Público solicite evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para saber el alcance del daño. Y si el agresor no cubre el tratamiento de la víctima, el Estado lo hará de forma gratuita e integral.

Esta reforma no es un gesto simbólico: es un mensaje frontal. Un “hasta aquí” para quienes durante décadas se beneficiaron del silencio, del miedo o de la ambigüedad legal.


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