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La venta millonaria genera dudas ciudadanas sobre el destino de los recursos y abrió cuestionamientos junto con la propuesta de crear un comité ciudadano de vigilancia.
Staff / El Mañana
Dieciocho predios municipales ubicados en una zona de alta plusvalía al poniente de la capital potosina entraron oficialmente al mercado tras la aprobación del Cabildo de San Luis Potosí, que avaló su subasta con precios de salida millonarios acordes al valor comercial del sector.
Aunque la operación se encuentra dentro de los procesos administrativos legales, el debate público no tardó en surgir. Más allá de la venta en sí, la interrogante que comenzó a circular entre ciudadanos y actores políticos es directa: ¿cuál será el destino específico de los recursos obtenidos?
Hasta el momento, la administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos no ha presentado un plan detallado que precise obras, proyectos o rubros presupuestales que serían financiados con los ingresos derivados de la enajenación del patrimonio municipal.
En este contexto, la ciudadana Erika Tapia solicitó formalmente al Cabildo la integración de un Comité Ciudadano que supervise el proceso completo, desde la licitación y asignación de los predios hasta la comprobación del uso del dinero recaudado.
Especialistas en finanzas públicas han señalado que la venta de activos estratégicos debe sustentarse en criterios técnicos claros y transparencia absoluta, especialmente cuando se trata de terrenos con alta plusvalía. A mitad del trienio municipal, la operación dejó de ser solo administrativa para convertirse en un tema político bajo lupa.
