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Staff / El Mañana
Apenas el 17 por ciento de los ayuntamientos en San Luis Potosí alcanza la meta de pagar 14 mil pesos mensuales libres a sus elementos de seguridad.
La disparidad salarial en las corporaciones policiales del territorio potosino quedó al descubierto tras revelarse que la gran mayoría de las demarcaciones municipales mantiene adeudos históricos en la dignificación laboral de sus oficiales. A pesar de los constantes llamados estatales para mejorar las condiciones de trabajo en el sector, la brecha presupuestal sigue frenando un derecho elemental para quienes arriesgan la vida patrullando las calles de las cuatro regiones.
De acuerdo con el diagnóstico emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), la radiografía actual refleja un panorama sumamente rezagado donde el cumplimiento voluntario o administrativo apenas alcanza a cubrir una fracción mínima del total de los gobiernos locales constituidos en la geografía estatal.
El desglose de la dependencia detalla que de los cincuenta y nueve ayuntamientos que conforman la estructura gubernamental, únicamente diez localidades han logrado consolidar el esquema de homologación salarial, fijando percepciones netas mensuales equivalentes o superiores a la barrera de los catorce mil pesos para sus elementos activos.
Entre los municipios que lograron sortear los obstáculos financieros para dignificar las nóminas se encuentran la capital del estado, Soledad de Graciano Sánchez, la demarcación de Villa de Pozos, además de Ciudad del Maíz, Cárdenas, Tierra Nueva, Matehuala, El Naranjo, Zaragoza y Cerro de San Pedro, convirtiéndose en los únicos referentes de cumplimiento.
Ante la falta de recursos propios para absorber este incremento, diversas administraciones municipales han recurrido a mesas de trabajo técnicas para solicitar modificaciones directas en el anexo programático del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales, buscando reorientar partidas del Fortamun.
No obstante, la consolidación de estos apoyos financieros se mantiene condicionada a la emisión de oficios de validación por parte de los órganos federales y estatales correspondientes, obligando a los alcaldes a acelerar la entrega de expedientes administrativos antes de que expiren los plazos legales establecidos.
Las autoridades de fiscalización advirtieron que el margen de tolerancia está por concluir, fijando como fecha límite el cierre de agosto para notificar formalmente al Instituto de Fiscalización Superior del Estado qué demarcaciones cumplieron cabalmente con la obligatoriedad salarial y cuáles enfrentarán sanciones administrativas por desacato operativo.
