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Staff / El Mañana
El municipio de Tampamolón Corona deberá aclarar el destino de recursos federales tras no entregar su cuenta pública a tiempo, enfrentando un panorama financiero crítico junto a otras demarcaciones de la región.
El municipio de Tampamolón Corona se encuentra en el centro de la polémica fiscal luego de que Rodrigo Joaquín Lecourtois, titular de la Auditoría Superior del Estado (IFSE), confirmara en entrevistas recientes que esta demarcación deberá aclarar de manera urgente el destino de sus recursos públicos. La falta de entrega oportuna de la cuenta pública ha encendido las alarmas en el organismo fiscalizador, evidenciando graves deficiencias en la rendición de cuentas que caracterizan a la administración local en la Huasteca Potosina.
Aunado al retraso local, la Auditoría Superior de la Federación notificó que Tampamolón omitió entregar completa la documentación correspondiente al ejercicio de partidas federales. Ante este escenario de opacidad, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois, señaló que actualmente se realizan gestiones de regularización con el objetivo de que las cincuenta demarcaciones del estado alcancen el cumplimiento normativo exigido por la ley. Sin embargo, el daño institucional ya está hecho y las observaciones ponen contra las cuerdas a los responsables de la gestión financiera.
La situación de Tampamolón Corona no es un caso aislado dentro del territorio potosino, ya que cerca de veinte municipios enfrentan observaciones legales sumamente complejas de cara al cierre de sus administraciones y la salida de sus respectivos alcaldes el próximo año. Rodrigo Joaquín Lecourtois advirtió que el panorama legal para los funcionarios salientes será bastante duro debido al cúmulo de irregularidades acumuladas. Por ello, se ha emitido un firme llamado a poner orden financiero de inmediato, evitando la práctica común de culpar a administraciones pasadas por la falta de entrega de información una vez que abandonan el poder.
Por otra parte, la crisis administrativa en la región también golpea severamente al sector de seguridad pública, donde aquellos ayuntamientos que incumplieron con el mandato constitucional de homologar los sueldos de los elementos policiales a un mínimo de 14,000 pesos enfrentarán procedimientos formales de responsabilidad administrativa. Rodrigo Joaquín Lecourtois y las instancias fiscalizadores han dejado claro que las sanciones económicas y legales podrían derivar desde amonestaciones públicas o privadas hasta la inhabilitación total para ejercer cargos públicos. Las autoridades estatales recalcaron que no existen pretextos válidos para este incumplimiento, toda vez que los municipios recibieron ministraciones suficientes tanto de la Federación como del Estado destinadas exclusivamente a fortalecer la seguridad pública.
