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Staff / El Mañana
- El ayuntamiento congela los permisos para el uso de explosivos en la Huasteca alegando que necesita “estudiar” el tema.
La protección de los recursos naturales de la zona oriente del estado quedó bajo la sombra de la duda y la inacción política.
Mientras las alertas por el uso de fracturación hidráulica mantienen en vilo a los sectores agrícolas, las autoridades del municipio de Tamuín decidieron meter a un cajón las exigencias urgentes enviadas por la paraestatal Pemex, la cual solicita el aval local para arrancar con las detonaciones en la cuenca.
La administración local admitió que ya cuenta con los oficios en su escritorio, pero el edil manifestó públicamente que prefiere no emitir un veredicto a favor o en contra porque “no ha tenido tiempo” de revisar los documentos.
El argumento del municipio es que requiere asesoría técnica externa, evidenciando una preocupante falta de preparación ante un problema ecológico que amenaza de manera directa el agua de la región.
El trasfondo de esta pasividad es el temor a confrontar las políticas energéticas federales, pero también una evidente evasión ante las demandas históricas de las comunidades indígenas.
El ayuntamiento se escudó señalando que los pueblos originarios no han entregado una solicitud formal por escrito ante el Cabildo para prohibir el fracking, ignorando las protestas y la postura de rechazo absoluto que los comités ejidales ya manifestaron abiertamente en asambleas.
Bajo la promesa de viajar a la capital para “ilustrarse”, la alcaldía sigue retrasando una postura contundente para blindar los mantos acuíferos.
Esta postura tibia deja al descubierto que, al momento de defender el territorio de la Huasteca frente a los intereses de las grandes corporaciones, a las autoridades locales les tiembla la mano para fijar un no rotundo.
