La facturación por 2.4 millones de pesos en lencería dentro de una tienda universitaria financiada con recursos públicos no puede entenderse como una simple anomalía administrativa. Es una señal de alarma que vuelve a colocar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en una discusión incómoda: la debilidad de sus controles internos, la opacidad en el manejo del dinero y la fragilidad de sus mecanismos de rendición de cuentas.
De acuerdo con denuncias sindicales, durante la gestión de Marco Antonio Aranda Martínez al frente de la UniTienda, entre 2022 y 2024 se emitieron facturas por ropa íntima, fajas y prendas deportivas con montos que rompen cualquier parámetro histórico. El contraste es contundente: en 2021 el gasto en ese rubro fue de apenas 44 mil pesos. No se trata de un crecimiento gradual, sino de un salto desproporcionado que multiplica por más de cincuenta veces el promedio previo, sin explicación pública verificable.
La cifra ya es grave por sí sola, pero el fondo del escándalo apunta a la presunta inexistencia física de parte de la mercancía facturada. Productos cobrados que nunca habrían ingresado al inventario abren la puerta a posibles irregularidades financieras que no se resuelven con discursos, sino con auditorías técnicas y responsabilidades claras.
El panorama se enreda aún más con la existencia de un convenio paralelo entre el sindicato universitario y la misma proveedora, donde se aceptaban vales y créditos de despensa. Esta mezcla de circuitos institucionales con beneficios laborales diluye controles, confunde flujos y deja preguntas sin respuesta sobre quién autoriza, quién verifica y quién supervisa.
A esto se suma un contexto de gobernanza cuestionado. Organizaciones civiles han señalado que el entonces director carecía de experiencia comercial y que su nombramiento respondió más a criterios administrativos que técnicos. Todo ocurre mientras, por tres años consecutivos, la universidad ha rechazado auditorías externas sobre recursos públicos.
En una institución autónoma que maneja dinero del Estado, negarse a ser auditada no es un trámite: es una postura política. Y cuando coincide con gastos atípicos y denuncias internas, la omisión deja de ser técnica para convertirse en una fractura directa a la confianza pública.
