- Por falta de oficinas, acusa OIM abandono y opacidad institucional en la atención a comunidades originarias
- Mario Alberto Godoy, delegado del INPI, opera en un cubículo prestado de la Secretaría del Bienestar
Staff / EL MAÑANA
Mientras el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asegura que opera con normalidad desde el trabajo remoto y espacios prestados, el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) lanza una dura advertencia: las comunidades originarias de San Luis Potosí han quedado en el abandono institucional.
Lo que el gobierno defiende como una medida de “austeridad”, para activistas es una crisis que raya en la ilegalidad y la simulación administrativa.
La polémica estalló luego de que Mario Alberto Godoy Ramos, representante estatal del INPI, publicara un video en redes sociales afirmando que la atención a las comunidades no se ha detenido pese a haber desalojado sus oficinas.
Según el funcionario, el instituto mantiene su presencia territorial operando desde sedes regionales en la Huasteca y la Zona Media, y despachando de manera temporal desde un espacio prestado en la Secretaría del Bienestar.
Sin embargo, para Juan Felipe Cisneros Sánchez, vocero del OIM, la dependencia atraviesa por un colapso operativo, ya que desde el pasado 20 de abril carece de una sede física funcional en el corazón jurídico y político del estado, dejando a los pueblos en total indefensión.
El Observatorio señala que la ausencia de oficinas no es solo un problema de mobiliario, sino una barrera que bloquea la autonomía y los derechos indígenas.
Denuncian que un cubículo prestado no constituye un domicilio legal formal y advierten que el portal del Gobierno Federal sigue mostrando una dirección inexistente en la calle Humboldt.
Para Cisneros Sánchez, mantener un domicilio “fantasma” es una violación que invalida el debido proceso, pues los actos de autoridad deben emanar de sedes oficiales debidamente registradas para garantizar la certeza jurídica.
Además, subraya que al ser sujetos de derecho público, las comunidades requieren atención presencial y formal, algo que el trabajo remoto no puede suplir.
Para la organización, la atención de una dependencia federal no puede reducirse a un video en redes sociales, por lo que exigen a la Dirección General del INPI dejar atrás esta fase de simulación y restituir de inmediato una oficina con plena validez jurídica, a cargo de un titular con verdadera capacidad operativa y legal.
