- Colectivos y estudiantes califican el anuncio como insuficiente y tardío
Staff/ El mañana.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunció la expulsión definitiva de dos estudiantes involucrados en la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho, así como la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y la renuncia del director de la Facultad, Germán Federico Pedroza Gaitán.
El pronunciamiento de la UASLP se produce cuatro días después de los hechos y tras una serie de protestas estudiantiles, bloqueos y tomas de planteles que exigían justicia inmediata y acciones efectivas contra la violencia de género. La universidad aseguró que “actuará con firmeza y sin tolerancia ante cualquier acto que vulnere la integridad de su comunidad”, y reafirmó su compromiso con la seguridad universitaria.
Pese a las medidas, colectivos y estudiantes calificaron el anuncio como insuficiente y tardío, acusando que la universidad solo respondió ante la presión social. Los críticos señalan al rector Alejandro Zermeño Guerra por la falta de protocolos claros para atender denuncias de acoso y agresión sexual.
Al respecto hay antecedentes, como el que se suscitó en 2017, dónde la profesora Emma Elisa Menchaca de la Rosa denunció abuso sexual por parte del chofer del entonces director de la Facultad de Derecho. La universidad no sólo no respaldó la denuncia penal de la ofendida, sino que la obligó a seguir laborando en esas condiciones
En el periodo de 2017 al 2019, la Defensoría de Derechos Universitarios recibió al menos 39 quejas por acoso u hostigamiento sexual; sólo cinco concluyeron en sanciones.
Además, en noviembre de 2018, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, alumnas de la Facultad de Derecho colocaron un pizarrón en el pasillo central de la institución pidiendo a las a
Actualmente, la UASLP no cuenta con un protocolo institucional formal para la atención de casos de violencia de género, situación que ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad estudiantil. Expertos y colectivos exigen que se implementen medidas permanentes, capacitación obligatoria en perspectiva de género y sanciones contundentes para garantizar que hechos como este no se repitan.
