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A varios días del ataque cibernético contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), persisten las interrogantes sobre la magnitud de los daños, mientras diversos procedimientos administrativos continúan realizándose de manera manual o mediante mecanismos alternativos.
La abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, confirmó que la denuncia fue ratificada ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que ahora mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió y establecer posibles responsabilidades.
Sin embargo, la Universidad todavía no informa públicamente cuáles sistemas fueron comprometidos, el origen del incidente ni el alcance que pudo tener sobre su infraestructura informática. La funcionaria argumentó que existen restricciones derivadas del debido proceso y la secrecía de las indagatorias.
Mientras avanzan las investigaciones, las consecuencias permanecen dentro de la institución. “La atención a los procesos administrativos se ha dado de forma manual; el cumplimiento de obligaciones, por medios alternos autorizados”, reconoció Navarro Sánchez.
La recuperación tampoco será inmediata. La UASLP recurrirá a respaldos para restablecer paulatinamente sus plataformas y sitios institucionales.
El caso deja así dos frentes abiertos: una investigación federal para esclarecer el ataque y una comunidad universitaria que continúa esperando conocer qué tan profundo fue el golpe digital.
