Staff/ El Mañana
El caso de una trabajadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha reactivado cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante denuncias de acoso y las condiciones laborales posteriores para las víctimas.
De acuerdo con el testimonio de Lizeth, quien denunció hechos en 2020, la institución no ha restituido plenamente sus funciones conforme a su nombramiento como administradora. Señala que sus responsabilidades en áreas como recursos humanos, finanzas e inventarios fueron reasignadas, limitando su actividad a tareas específicas.
En contraste, el presunto agresor, identificado como Julián “N”, fue separado de su cargo como titular de la COARA tras la denuncia penal; sin embargo, posteriormente accedió a su jubilación, lo que ha sido interpretado como una salida institucional sin consecuencias laborales de fondo.
La trabajadora refiere que esta situación ha impactado su desarrollo profesional, al permanecer durante varios años en condiciones laborales que considera restrictivas.
El caso continúa en proceso judicial y contempla una audiencia para determinar la posible vinculación a proceso del señalado.
Este escenario ha intensificado críticas hacia la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra, al considerar que persisten pendientes en materia de atención a víctimas, reparación del daño y garantía de entornos laborales seguros dentro de la institución.
