SLP.- Desde hace dos años, el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí reactivó la Plataforma Digital Estatalpara cerrar espacios a la corrupción y meter orden en la rendición de cuentas. Casi todas las instituciones entendieron el mensaje. Casi.
La UASLP decidió jugar a la resistencia.
No ha entregado información para el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses, constancia de declaración fiscal, ni para el registro de servidores públicos que intervienen en contrataciones. Todo eso que la ley exige, todo eso que debería ser público, simplemente no aparece.
Y no es por desconocimiento. La universidad está obligada por los artículos 48 y 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, además de los artículos 49, 50 y 51 de la legislación estatal, y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Aun así, la respuesta ha sido la misma: no.
La UASLP se escuda en la autonomía universitaria, como si la autonomía fuera un manto de invisibilidad financiera. Pero la ley es clara: ser autónoma no la exime de ser un ente público ni de transparentar el uso de recursos estatales. Autonomía no es sinónimo de opacidad.
Esta negativa sistemática no hace más que engordar los rumores que desde hace años recorren los pasillos universitarios:
* super sueldos y pensiones doradas,
* manejo opaco de recursos públicos,
* falta de vigilancia real para estudiantes,
* planteles en condiciones deplorables, sobre todo en la zona universitaria.
Mientras la UASLP presume excelencia académica, le cierra la puerta a la rendición de cuentas. Y cuando una institución pública se niega tanto a transparentar, la pregunta ya no es si hay algo que ocultar, sino qué tan grande es lo que no quieren que se vea.
