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Staff / El Mañana
La Contraloría Autónoma del Agua en la Huasteca busca certeza legal inmediata para detener la fracturación hidráulica y proteger los territorios de manera definitiva.
La lucha por la defensa del agua y la tierra en la Huasteca Potosina mantiene un paso firme. Tras las recientes declaraciones de la presidencia de la República sobre la suspensión de la fracturación hidráulica en la cuenca Tampico-Misantla, la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP) advirtió que las palabras no son suficientes. El organismo exigió que esta medida se formalice de inmediato mediante un Decreto Presidencial que brinde verdadera certeza jurídica a las comunidades de la región.
Para los defensores ambientales, la decisión federal representa un logro histórico que nace de la resistencia social, pero que corre el riesgo de quedar en una simple promesa si no se establecen instrumentos legales vinculantes. La prioridad actual de la agrupación civil es que la prohibición total de esta técnica extractiva quede plasmada en la Carta Magna. Por ello, hicieron un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que se acelere la revisión y aprobación de la reforma al artículo 27, iniciativa que permanece en la congeladora legislativa desde finales del año 2025.
El descontento y la preocupación de la organización no se limitan únicamente a la zona potosina. Durante su pronunciamiento, la CAAHP rechazó rotundamente las intenciones federales de implementar planes piloto de extracción en las cuencas Sabinas y Burro-Picachos, situadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque el proyecto contempla el uso exclusivo de agua salada, los activistas alertaron sobre el grave peligro que esto representa para un área de más de 27 mil kilómetros cuadrados, impactando directamente a cerca de 1.3 millones de habitantes y amenazando la supervivencia del pueblo indígena kikapú.
Mientras tanto, en la geografía de la Huasteca, la estrategia de blindaje territorial avanza. La agrupación confirmó que, de los 17 municipios que se encuentran dentro de las zonas de riesgo por extracción, 15 ya han manifestado su postura oficial para bloquear cualquier cambio de uso de suelo que intente abrirle la puerta a las empresas de hidrocarburos. Únicamente restan dos localidades, San Vicente y Tampacán, por formalizar este candado administrativo.
Finalmente, las acciones de resistencia se intensificarán en los próximos meses. La agrupación ambientalista anunció una jornada exhaustiva de asambleas comunitarias para levantar actas formales de rechazo en 367 comunidades vulnerables. A la par, se organizarán diversos foros regionales y reuniones locales con el único fin de construir un frente común e impenetrable en defensa de los recursos naturales y el patrimonio de los huastecos.
