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Ciudad de México 7 septiembre 2026 .-Entre editores, circula estos días una carta que cosecha firmas para aterrizar un llamado a las autoridades: reconstruir una política pública del libro y la lectura en México que fortalezca al sector. “Todos somos Era”, se titula el documento.
El encabezado remite al legendario sello que acompañó por 66 años con un potente catálogo a los lectores y lectoras del País, y que recientemente anunció la reducción de sus operaciones al mínimo ante la imposibilidad de mantenerse a flote en el mercado. Signo de una crisis que atraviesa toda la industria.
Pero, ¿es el Estado corresponsable? Editoriales independientes consultadas por REFORMA, tanto consolidadas como emergentes, observan diversos factores, desde los cambios en los hábitos lectores, el aumento de los costos de producción y la disminución de librerías, hasta la falta de políticas certeras por parte de las autoridades.
Advierten que desde 2018, por ejemplo, la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la Secretaría de Cultura (SC) estancó o llevó al mínimo sus compras, además de que han caído las coediciones con dependencias estatales.
“Justamente la DGB no nos ha comprado un solo libro desde que Morena entró al Gobierno. Antes teníamos ventas importantes y considerables, sobre todo en las ferias, a la Red de Bibliotecas…”, ejemplifica Nicolás Cuéllar, director editorial de Dharma: “Y la verdad es que no me lo explico, porque tenemos un catálogo con muchas autoras y autores nacionales y de Latinoamérica; debería ser una prioridad poblar las bibliotecas”.
Elisa Castellanos, directora adjunta de CIDCLI, sello especializado en infancias, coincide.
“Hay un debilitamiento de toda la cadena del libro: han cerrado librerías y editoriales, y las compras institucionales han perdido la regularidad y la importancia que tuvieron durante muchos años, además de que los programas de coediciones también desaparecieron”, lamenta.
“Para una editorial independiente, estos factores tienen consecuencias graves y ponen en riesgo no sólo su crecimiento, sino incluso su permanencia”.
No obstante, para Rocío Martínez Velázquez, directora editorial de Siglo XXI en México, la situación por la que atraviesa la industria no puede atribuirse a un sólo actor, en este caso el Estado.
“Más que buscar responsables, creo que la discusión importante es qué podemos construir hacia adelante”, dice.
“El Estado tiene un papel decisivo en aquello que sólo una política pública puede hacer con verdadera escala: fortalecer bibliotecas, ampliar la red de librerías, promover la lectura, garantizar condiciones de competencia equilibradas, hacer efectiva la legislación del precio único (de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro) y sostener políticas de adquisición plurales que permitan que una diversidad de catálogos llegue a los lectores”, añade la editora de Siglo XXI.
“Sí creo que se debería fomentar e incluso exigir la compra de acervo, pero cada vez que preguntamos se dice que no hay fondos para esto”, expresa, por su parte, Antonio Marts, coordinador editorial de Paraíso Perdido.
Pero hay que ir más allá, dice: “No se trata de que únicamente existan apoyos para la edición; faltaría crear toda una infraestructura alrededor de la cultura del libro, que idealmente abarque, además de coediciones y apoyos para imprimir libros, programas para abrir librerías de barrio o alternativas a fondo perdido, pero con capacitación para los dueños, software administrativo, actividades para negociar con editoriales, exención de impuestos específicos, entre otras cosas”.
Ricardo Sánchez Riancho, director de Textofilia, es enfático en el papel que debe tener el Estado en el sector.
“Debe responsabilizarse, siempre, de tener políticas públicas que fortalezcan la industria del libro y favorezcan a los lectores, pero de manera puntual y evitando la demagogia, alejándose de los panfletos que fortalecen ideologías políticas.
“Es delicado imponer tu visión del mundo a las masas, una sola visión, por lo que la bibliodiversidad debe ser defendida desde la iniciativa privada y, a su vez, desde un Estado que fuera capaz de abrirse a la crítica”, señala el editor.
Para Guillermo Quijas, director editorial de Almadía, el Gobierno no es, “en absoluto”, responsable de una crisis así, y defiende lo hecho: “Nos parece que los estímulos que otorga a través de diversos programas, aunque pueden ser insuficientes, son benéficos para el sustento del ecosistema editorial del País, y las editoriales debemos de planear, usarlos y agradecerlos”.
Lo anterior, no obstante, no cancela la urgencia de fortalecer la política del libro, sobre todo entre las infancias y las adolescencias.
Para ello, Quijas llama a fortalecer las bibliotecas escolares y comunitarias, así como los clubes de lectura y formación de mediadores, “garantizando el acceso a una oferta amplia y diversa de libros, especialmente en comunidades con menor acceso”.
El factor de los grandes grupos
Otro de los factores de la crisis, que a veces no se tiene en el radar, es la voracidad de los grandes grupos ante los sellos independientes.
“Nos rascamos con nuestras uñas en general, y tratamos de esquivar a los grandes grupos que tienden a aplastarnos en cuanto sacamos la cabeza”, comparte Emiliano Becerril, editor de Elefanta.
Pero aquí juega la importancia de imaginar, dice: “Hacer libros es una carrera de resistencia en la que la imaginación debe de estar encendida permanentemente. Nosotros hemos tratado de construir un catálogo que pueda dialogar con distintos públicos en español, no sólo el mexicano, para poder ampliar posibilidades y para que nuestro catálogo no se desdibuje en la dinámica caníbal”.
Para los editores Mauricio Sánchez y Jacobo Zanella, de Gris Tormenta, el sector editorial independiente está claramente comprometido, “pues cada vez se ve menos literatura entre las novedades, pero sí más autores, títulos y catálogos determinados por datos; algoritmos, tendencias, agentes, cultura de pantallas, etcétera”.
“Si se analiza sólo como industria, parece haber un incremento en el número de catálogos que han aparecido en México en años recientes, y eso podría ser una buena señal de diversidad”, opinan, “aunque para la gran mayoría esos ingresos -si es que hay, porque en muchos casos no los hay- no son representativos; es decir, con la excepción de editoriales muy grandes, todos los demás seguimos teniendo que buscar otros ingresos para compensar”.
En la competencia ante los conglomerados, los apoyos gubernamentales juegan un rol primordial.
“La eliminación de apoyos dificulta la publicación de títulos cuyo valor literario es muy superior al interés comercial que puedan tener”, opina Jessica J. Díaz, editora de Mangos de Hacha.
Ante el panorama, ¿cómo debería responder el Estado?
“El Estado ha abandonado al sector cultural, y especialmente en la edición de libros”, considera Díaz. “¿Cómo debe responder? Demostrando que hay interés -con hechos- por mantener viva y diversa la cultura del libro en el País”.
De no entrar en materia, resonará con más fuerza el recordatorio del destino de Era.
Reportan adeudos de Educal
La red de librerías Educal, antes bajo el paraguas de la Secretaría de Cultura y desde el pasado sexenio en la estructura del Fondo de Cultura Económica (FCE), ha sido señalada por algunas editoriales como deudora.
En algunos casos, se trata de deudas que comprometen la operación de sellos independientes.
“Para una editorial independiente, todo adeudo compromete nuestra operación”, dice Nicolás Cuéllar, de Dharma.
Otro es el panorama de editoriales con tradición como Siglo XXI.
“Con el FCE estamos al día y mantenemos una muy buena relación comercial, que además se extiende a actividades de difusión y promoción de nuestros libros. En el caso de Educal existe un saldo pendiente, sobre el cual estamos en conversaciones”, dice su directora en México, Rocío Martínez Velázquez.
Pero el adeudo, asegura, no compromete su operación.
“Como cualquier empresa, una editorial debe administrar su cartera tomando en cuenta que existen distintos plazos y riesgos de cobranza, tanto dentro como fuera del País. Para eso existen previsiones financieras y contables que permiten absorber estas situaciones sin comprometer la operación ordinaria de la editorial.
“Vivimos de vender libros y a nadie le gusta tener atrasos, pero nos da tranquilidad que siendo una institución pública, lo cobraremos en algún punto”.
Guillermo Quijas, de Almadía, también reconoce un adeudo por parte de Educal: “El problema ha sido la dificultad para obtener una fecha y una certeza sobre cuándo se liquidará”.
“El adeudo”, añade, “no compromete por sí solo la operación de Almadía, pero sí nos afecta de manera muy importante. Para una editorial independiente, cualquier adeudo afecta muchísimo, más aún cuando no existe claridad sobre cuándo podrá liquidarse, y se suma a las dificultades que tienen las demás librerías”.
Educal también le debe, por ejemplo, a Elefanta.
No se trata de una deuda alta, reconoce su editor, Emiliano Becerril, pero sí obligó a replantear su relación: “Por precaución, dejamos de mandar (libros) a Educal desde hace años”.
