Las acciones legales serán contra las personas, no contra las instituciones, advierte el Auditor a servidores públicos con irregularidades en su gasto de dinero del pueblo.
Staff/EL MAÑANA
Rodrigo Lecourtois, Auditor Superior del Estado, advierte a funcionarios y ex funcionarios que han robado recursos públicos o que se niegan a ser auditados, que las acciones legales serán contra ellos, contra las personas, y no contra las instituciones públicas.
En entrevista con EL MAÑANA, advierte además, que las demandas del Instituto tienen un 90 por ciento de efectividad para castigar los abusos.
-¿En qué momento estamos del trabajo fiscalizador y de la responsabilidad de los entes auditables?
A mí me tocó encabezar este nuevo proyecto que es Instituto de Fiscalización Superior del Estado. Antes la Auditoría era un ente muy oscuro, la gente no sabía qué hacía, no veía nunca que se sancionara a algún titular de alguna dependencia o de algún municipio.
Ahora ya se imponen sanciones más eficientes, más protegidas, porque sanciona el Tribunal de Justicia Administrativa, aunque a nosotros nos toque todo el trabajo de auditar, investigar y entregar un expediente completo para que ellos emitan una sanción fundada.
Son sanciones más eficientes y más protegidas.
Desde que estoy al frente tenemos una eficiencia en los litigios de más del 90 por ciento, es decir, los asuntos que aquí llevamos los hemos ganado en más de un 90 por ciento.
Y hemos obtenido resarcimientos importantes. Tenemos tres terrenos que hemos devuelto a varios municipios, hicimos un evento de resarcimiento en donde invitamos a todas las dependencias y a todos los municipios para devolverles el dinero.
A mi ingreso también compramos un laboratorio para evaluar la calidad de la obra pública, de las pavimentaciones, del asfalto, para ver cuando el contratista usa material de baja calidad. El chanchullo.
-¿Para cuánto tiempo hacia atrás tienen capacidad para hacer esas recuperaciones?
10 años es lo que nos permite la ley. Cuando llego me encuentro que ya estábamos con los dedos en la puerta con cerca de 200 expedientes que estaban por caducar, por prescribir. Fueron los primeros con los que empezamos a recaudar.
En algunos casos el trabajo ya estaba hecho y sólo faltaba el empujón final, faltaba decisión contra funcionarios corruptos. Se hizo el trabajo, se está haciendo y ya lo empezaron a notar otros ex funcionarios, empezaron a correrse la voz y ellos mismos empezaron a acercarse para realizar convenios de pago.
Vienen los funcionarios, se acercan todos los días preocupados por su situación, porque antes pensaban: “Ah, Yo conozco a alguien y no va a pasar nada”.
Y la gente decía: “Mira al funcionario que robó mucho, anda caminando en la calle, nunca le pasó nada”.
Hoy tenemos una Fiscalía que ha trabajado de la mano con nosotros arrestando y consignando varias carpetas de investigación en contra de ex funcionarios.
-¿Qué tipo de inconsistencias o de irregularidades son las que actualmente han detectado?
En los municipios y sus gestiones de tres años que son muy poco tiempo para hacer bien las cosas, pero mucho tiempo para hacer las cosas mal.
Tenemos mucha circulación de alcaldes, de esposas de alcaldes, que roban mucho en muy poco tiempo.
Siguen contratando empresas que no cumplen con las características que marca la ley o empresas fantasmas que existen en papel, pero que cuando vamos y las visitamos, resulta que es una papelería, una estética, una refaccionaria o un un local cerrado con los medidores de luz retirados, en donde se ve que no estuvo ahí nadie por lo menos en un año atrás.
Incluso lugares que se encuentran fuera del estado de San Luis Potosí, en Guadalajara, en la Ciudad de México, a donde hemos tenido que mandar a nuestros auditores a hacer esta verificación, porque los entes auditados piensan que nadie va a ir a Monterrey para revisar una empresa de operaciones ficticias. También estamos pidiendo la colaboración de otras auditorías a lo largo de la República. Hay una coordinación muy importante entre todos los auditores superiores de todos los estados, nos reunimos de forma constante y hasta nos prestan sus laboratorios de obra pública.
-Con las empresas fantasma es un tema más grave que la mera omisión o el desconocimiento. ¿Hay sanciones más graves para estos casos?.
Así es, y hemos sido mucho muy responsables al detectar todas estas anomalías, que no nada más son aparentemente responsabilidad administrativa, son hechos con apariencia de delito. Lo hemos hecho del conocimiento de la Fiscalía del Estado para que se persiga.
Tiene que ser una sanción completa, integral, para que el funcionario corrupto, que defrauda a la ciudadanía, que roba, no se quede sin castigo.
-En comparación con las cuentas públicas de otros años, ¿cuál es el comportamiento actual?
De los dos años y fracción que tengo al frente del Instituto, el primer año fueron más de 2,300 millones de pesos los observados. El siguiente año fueron 2,000 y este último año revisado, con el trabajo, con el laboratorio y la tecnología que estamos implementando, tuvimos una reducción a 1,400 millones de pesos observados.
Eso habla de un trabajo, de que estamos encima de los entes, no los estamos dejando que ejerzan de forma equivocada el recurso, es prevención.
ADVERTENCIA A LA UASLP
El Auditor Rodrigo Lecourtois advierte a los funcionarios que no se toman en serio las auditorías, que en la etapa de sustanciación, el instituto ya no va contra el ente auditado, sino contra el funcionario responsable, aquel que provocó el quebranto: el presidente municipal, el tesorero o ex tesorero o funcionario o director.
Porque el Instituto no actúa en detrimento de ninguna dependencia o municipio, sino de los funcionarios que ejercieron mal el recurso, señala.
Por ejemplo, en el tema de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no es que queramos auditarla, es que la ley nos obliga a ello, señala.
“Y las consecuencias de la irresponsabilidad de no permitirlo no va a recaer de ninguna forma en la universidad, sino en los funcionarios incompetentes o que irresponsablemente no quisieron que se auditara”.
“Es cuando se va a actuar de forma personalizada, más no institucional”.
“Tenemos una resolución que la Corte que estableció que el dinero que ellos recaudan no es particular ni autónomo, es dinero público. Entonces, no se puede escudar en una autonomía para no transparentar los recursos públicos”.
-¿Y cómo ves la representación de la Universidad a través del rector Zermeño?
Totalmente falto de transparencia. No me meto al tema académico porque es un tema que sí tiene autonomía, incluso yo soy maestro de la Facultad de Derecho. Sin embargo, me siento decepcionado como ex alumno, como ciudadano, de que se pretenda negar la información de los recursos públicos que se ejercen en la Universidad Autónoma.
CUADRO
Efecto prevención
El monto de recursos observados el gasto público ha disminuido con prevención y mano dura:
(Millones de pesos)
2022 2,300
2023 2,000
2024 1,400
“Hemos logrado resarcimientos históricos de funcionarios que hicieron mal su trabajo, que defraudaron a la ciudadanía. Los estamos embargando y estamos devolviendo dinero a los municipios y a las dependencias”.
