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Vienen sanciones por lo malgastado

-Entra el Instituto de Fiscalización en la fase de revisión de lo solventado para promover sanciones por faltas administrativas graves o no graves

Staff/EL MAÑANA


El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, notificó el fin del plazo que la ley otorga para entregar la documentación comprobatoria y justificativa que solvente el Pliego de Observaciones a las Cuentas Públicas de 2024.

Lo anterior significa que una vez terminado el proceso de auditoría al ejercicio 2024 y notificadas las acciones y recomendaciones que integran los informes finales a los fiscalizados, éstos tuvieron su última oportunidad para desahogar las observaciones en las que se determinan los daños y perjuicios al patrimonio y Hacienda Pública de las entidades revisadas.


“Recordemos que todos los entes fiscalizados; municipios y poderes ejecutivo, legislativo y judicial, conocen sus observaciones desde diciembre, cuando los notificamos formalmente e hicimos oficial la conclusión de auditorías a las cuentas 2024, con la firma del Acta de Cierre correspondiente a cada uno.
Desde ese momento tuvieron que aplicarse en los desahogos respectivos”, puntualizó el Auditor Superior del Estado.

Señaló además que, a partir de la recepción de documentos, el Instituto cuenta con 60 días hábiles para determinar las observaciones no solventadas y dentro de los 30 días hábiles posteriores, informará al Congreso las acciones finales que emitirá, como resultado de la fiscalización a las Cuentas Públicas 2024. En caso de persistir la no solventación de una o varias observaciones, el organismo fiscalizador procederá conforme la ley establece.

 Esto es, notificará a los presuntos responsables en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos; promoverá ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa u órgano interno de control la imposición de sanciones por faltas administrativas graves o no graves -según corresponda-, mediante el informe de presunta responsabilidad administrativa.  Para concluir, Rodrigo Lecourtois detalló que a través de la denuncia penal hará de conocimiento a la Fiscalía General del Estado la posible comisión de hechos delictivos y por medio de la solicitud de juicio político hará lo propio ante el Congreso del Estado, en el caso de omisiones o presunción de actos irregulares o con apariencia de delito, de los servidores públicos.

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