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Staff / El Mañana
Un juez vinculó a proceso a dos sujetos acusados de privar de la libertad a una persona en la zona metropolitana; seguirán encerrados.
La impunidad frente a delitos de alto impacto volvió a recibir un revés judicial en la entidad, luego de que un fiscal adscrito a la representación social lograra demostrar ante la autoridad competente la presunta responsabilidad penal de dos individuos en el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad agravada, ilícito que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad en la región centro.
Los hechos que motivaron esta causa penal se registraron el pasado 4 de agosto de 2026, cuando la víctima fue interceptada violentamente por sujetos armados en calles de la zona metropolitana potosina, siendo sometida y trasladada de manera furtiva hacia un inmueble de seguridad dudosa donde la mantuvieron cautiva mientras negociaban un rescate económico.
Ante la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima, se activaron de inmediato los protocolos de inteligencia y reacción táctica, permitiendo que elementos operativos de la Guardia Civil del Estado desplegaran un operativo de búsqueda y rescate en puntos estratégicos de la capital y sus municipios colindantes.
La intervención policial culminó con la ubicación exacta del sitio de cautiverio, donde los agentes lograron rescatar sanas y salvas a la persona plagiada, además de consumar la captura en flagrancia de quienes fueron identificados formalmente ante el ministerio público como José “N” y Ángel “N”.
Durante el operativo de captura y el posterior cateo del inmueble, las fuerzas del orden aseguraron armamento de alto poder y un vehículo automotor que presuntamente fue utilizado por los criminales para interceptar y trasladar a la víctima durante las primeras horas del secuestro.
Con los indicios balísticos, periciales y testimoniales recabados, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos formuló la imputación penal formal, exponiendo los datos de prueba ante el juez de control durante la audiencia inicial celebrada en las salas de oralidad.
Tras ponderar los elementos acusatorios, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso y fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos imputados, otorgando además un plazo judicial de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria antes del juicio oral.
