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Staff / El Mañana
La intromisión de usuarios ajenos en una sesión telemática de comisiones encendió las alertas sobre el manejo de enlaces y la protección de datos digitales en el Poder Legislativo.
La sesión virtual organizada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de San Luis Potosí debió ser suspendida de manera abrupta tras la detección de al menos tres usuarios no autorizados que lograron infiltrarse en la plataforma digital destinada para las labores legislativas.
Durante el desarrollo de la transmisión remota, la presencia de los intrusos alteró el orden de los trabajos, evidenciando fallas en los protocolos de acceso digital y generando cuestionamientos sobre el blindaje de las herramientas telemáticas utilizadas por los representantes populares en sus actividades cotidianas.
El diputado Crisógono Pérez, quien preside dicha comisión legislativa, lamentó el incidente al señalar que se trata de un hecho sin precedentes dentro de sus funciones administrativas, destacando además la escasa participación y el desinterés generalizado que otros integrantes mostraron hacia los temas educativos del estado.
Ante este panorama de vulnerabilidad digital, el legislador detalló que la liga de acceso directo había sido modificada y distribuida la misma mañana a través de un chat interno exclusivo para diputados y sus equipos de asesores, por lo que no descartó que la filtración del enlace proviniera directamente del círculo interno o de la propia Coordinación de Informática.
Como respuesta a la intromisión, la presidencia de la comisión confirmó que solicitará una indagatoria exhaustiva para deslindar responsabilidades y castigar al causante de la brecha de seguridad que permitió el ingreso de los ajenos a la plataforma institucional.
Este episodio de ciberdelincuencia en el ámbito legislativo ocurre en un contexto delicado marcado por ataques informáticos previos contra diversas dependencias públicas y autónomas en territorio potosino, incluyendo incidentes reportados en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
Con este nuevo caso de intrusión digital en el Congreso local, diversos sectores sociales cuestionan la capacidad de respuesta y la vigilancia institucional de los órganos de gobierno, exigiendo mayor rigor técnico y fiscalización a la Junta de Coordinación Política para evitar futuras vulneraciones a la autonomía y seguridad del estado.
