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San Luis Potosí. – En un paso histórico (y ya era hora), el Congreso del Estadoaprobó por unanimidad castigar con cárcel y multas a cualquiera que promueva o aplique las mal llamadas “terapias de conversión”, esas prácticas que todavía creen que la orientación sexual o la identidad de género se pueden “arreglar”.
Con respaldo ciudadano y la presencia de activistas LGBTQ+, las y los diputados potosinos votaron las reformas al Código Penal y la Ley de Salud Estatal, convirtiendo a San Luis en un estado que —por fin— pone el respeto por encima del prejuicio.
“No hay nada que curar, lo que debe erradicarse es la discriminación”,
declaró la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud.
Las reformas incorporan el Capítulo VIII “Delitos contra la orientación sexual o identidad de género” en el Código Penal potosino.
Las penas van de 2 a 6 años de prisión y multas de mil a dos mil UMAs (entre 100 mil y 200 mil pesos) para quien intente, promueva o financie “tratamientos” para cambiar la orientación sexual o expresión de género de otra persona.
Y por si alguien cree que puede pasarse de listo: las sanciones se duplican si la víctima es menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad, o si el agresor tiene poder o influencia sobre ella (como médico, docente o autoridad).
Además, los “profesionales” que lo hagan pierden su licencia hasta por tres años.
El mensaje es claro: aquí no hay nada que curar, solo respeto que practicar.
