Alcaldías morenistas deben aclarar 187 mdp

-Auditorías federales exhiben observaciones millonarias en municipios gobernados por Morena.

Staff/EL MAÑANA
El reciente informe de auditoría de la Cuenta Pública 2024 de la Auditoría Superior de la Federación reveló 549.8 millones de pesos observados a los 59 municipios de San Luis Potosí.
Dentro del top cinco de mayores montos aparecen tres ayuntamientos gobernados por Morena: Tampacán con 83.9 millones de pesos, Tanlajás con 45.9 millones y Santa María del Río con 45.3 millones.

Las cifras obligan a sus administraciones a aclarar el destino de los recursos para evitar posibles sanciones.
Aunque el partido guinda sostiene como principio el “no robar y no traicionar”, los montos observados colocan bajo presión a los alcaldes Santiago Rodríguez Posadas, Humberto Lucero Magaña e Isis Ayde Díaz Hernández.
De no solventar las irregularidades señaladas, los expedientes podrían derivar en responsabilidades administrativas, reparación del daño o denuncias formales, un escenario que contrasta con la narrativa de austeridad y combate a la corrupción que enarbola Morena.

La lista de observaciones no termina ahí. También aparece Tanquián de Escobedo, gobernado por Pablo Emmanuel Jonguitud Guerrero, con 12.5 millones de pesos observados.
En conjunto, estos casos refuerzan la percepción de que los problemas de fiscalización no son aislados, sino parte de un patrón que exige mayor escrutinio sobre el uso del erario en administraciones municipales morenistas.
A nivel local, las observaciones coinciden con reclamos ciudadanos por la escasez de obras relevantes y la calidad cuestionable de algunos proyectos.
Habitantes han señalado trabajos inflados o ejecutados con prisa, mientras contrastan esos señalamientos con una aparente mejora en el estilo de vida de funcionarios y sus entornos, lo que alimenta sospechas sobre el destino de los recursos públicos.
Además, en casos como Tampacán y Santa María del Río, se les acusa de accionar el aparato gubernamental en favor de sus familiares para heredar el poder, violando así sus propias reglas contra el nepotismo.
A ello se suman acusaciones de opacidad. Diversos municipios mantienen incompleta la información que por ley debe publicarse en las plataformas de transparencia, pese a que en el discurso oficial presumen apertura y rendición de cuentas.
El desfase entre lo que se declara y lo que se documenta deja a la ciudadanía con más preguntas que respuestas sobre la gestión del dinero público.