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Staff / El Mañana
Autoridades judiciales abrieron proceso penal contra una docena de presuntos distribuidores de droga capturados en siete municipios potosinos.
Un duro golpe a las redes de microtráfico de drogas se concretó en territorio potosino tras la judicialización de una docena de expedientes penales. Las capturas se lograron durante diversos despliegues de contención delictiva efectuados por las fuerzas de seguridad en zonas urbanas y rurales del estado, donde la presencia de estupefacientes en las calles desencadenó las intervenciones Policiales.
Los sospechosos fueron interceptados en momentos y puntos distintos dentro de los municipios de Santa María del Río, Ciudad Valles, Xilitla, Rioverde, Axtla de Terrazas, Zaragoza y Matehuala. En cada intervención, los agentes de la ley aseguraron diversas dosis de enervantes destinadas para la venta al menudeo, procediendo al arresto inmediato de los involucrados.
Tras la puesta a disposición correspondiente, los agentes del Ministerio Público integraron las carpetas de investigación para presentarlas ante los juzgados de control. Durante el desahogo de las audiencias iniciales, la representación social acreditó con peritajes y partes informativos la probable responsabilidad de cada uno de los implicados en conductas delictivas contra la salud.
Frente a la solidez de los elementos probatorios expuestos en las salas de litigación oral, los jueces de la causa decretaron el auto de vinculación a proceso para los 12 señalados. La resolución judicial marca el inicio formal de las etapas procesales para determinar las sanciones penales que correspondan según el volumen de droga decomisado.
Como parte de las garantías para evitar la evasión de la justicia, los impartidores de justicia determinaron aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. Algunos procesados enfrentarán el trámite encarcelados bajo la modalidad justificada, mientras que otros quedaron bajo reclusión oficiosa según la tipificación específica y las agravantes de cada caso.
El tribunal fijó además los periodos correspondientes para el cierre de las investigaciones complementarias, otorgando plazos que van desde los 15 días hasta los tres meses. Durante este lapso, los peritos e investigadores de la corporación judicial recabarán más indicios para sostener las acusaciones en las etapas subsecuentes del juicio.
Con estas acciones, la labor ministerial busca neutralizar los focos rojos de distribución de sustancias ilícitas que impactan a las comunidades del interior de la entidad. Los sospechosos permanecerán internados en los centros de reinserción social correspondientes mientras concluyen las etapas procesales fijadas por los juzgadores.
