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- Las cuotas obligatorias vulneran el derecho constitucional a la educación pública y gratuita.
La gratuidad educativa en El Sauz de Calera, Villa de Ramos, quedó reducida a un trámite en papel. Con la omisión de las autoridades, la asociación de padres del preescolar inició el ciclo escolar imponiendo cobros forzosos y multas que castigan la economía golpeada de las familias locales.
Este abuso evidencia la privatización informal de las escuelas públicas rurales. La directiva fijó 500 pesos de inscripción y recargos de 50 pesos a quienes no liquiden en un mes, convirtiendo un espacio constitucionalmente gratuito en un centro recaudador.
El esquema punitivo castiga también el trabajo comunitario. La asociación cobra 200 pesos por faltar a faenas de aseo o a reuniones de tutores. La misma práctica opera en la primaria del lugar, sofocando a una población dependiente del jornal diario y salarios mínimos.
Resulta grave que la Secretaría de Educación permita a las mesas directivas condicionar el ingreso escolar. Las aportaciones voluntarias pasaron a ser un peaje obligatorio que decide qué infante ingresa al aula y quién queda excluido por pobreza.
La desesperación llevó a varios tutores a considerar el retiro de sus hijos ante la imposibilidad de saldar los cobros, un reflejo del fracaso institucional en la vigilancia de los planteles.
Resulta urgente la intervención de inspectores escolares para auditar los recursos, sancionar los abusos cometidos por las directivas y erradicar este modelo coercitivo que despoja a la niñez del derecho a estudiar.
500 pesos: Costo fijado por la asociación de padres por concepto de inscripción.
200 pesos: Sanción económica por no asistir a la faena de aseo general.
200 pesos: Multa por inasistencia del tutor (o su representante) a las reuniones convocadas.
50 pesos: Recargo mensual acumulativo por no pagar la inscripción en el plazo de un mes.
