🔊 Escuchar esta nota informativa:
Cesar Esteban Flores Rodríguez
Agencia Reforma
Ciudad de México 1 noviembre 2026.- Impulsada por el endurecimiento de la prisión preventiva y el aumento de detenciones, la población penitenciaria en México creció 39.8 por ciento entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026, lo que detonó una saturación carcelaria récord con 276 mil 873 internos, 45 mil 99 más que la capacidad instalada.
El extenso catálogo de delitos que merecen prisión preventiva ha contribuido a sobrepoblar las cárceles en el País, que al 30 de septiembre pasado registraron una cifra récord de 276 mil 873 presos, la mayor población carcelaria de la que se tenga registro.
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) para esa fecha, que es la estadística penitenciaria más reciente, se tenía registrada una sobrepoblación carcelaria de 19.46 por ciento.
En todo el País hay 275 penales, 14 federales, 13 en la Ciudad de México y 248 en los estados que tiene una disponibilidad de 231 mil 774 espacios. Sin embargo, a finales de septiembre estaban excedidos con 45 mil 99 reos.
La presión no se distribuye de manera uniforme. Mientras algunas entidades tienen espacios disponibles, otras mantienen a miles de personas por encima de su capacidad instalada. En determinados centros, la población rebasa en más del doble los lugares disponibles, con casos en los que la ocupación supera cinco veces la capacidad.
El Estado de México encabeza la lista por el número absoluto de personas recluidas por encima de la capacidad de sus instalaciones, con 21 mil 553. Le siguen Sonora, con 8 mil 626; Veracruz, con 4 mil 448; Chiapas, con 3 mil 323; San Luis Potosí, con 3 mil 196, y Nayarit, con 3 mil 16. En conjunto, estas seis entidades acumulan el 97.9 por ciento de la sobrepoblación carcelaria.
En números relativos, las entidades que tienen la mayor sobrepoblación son Nayarit, con 257.1 por ciento; Estado de México, con 125.2 por ciento; Morelos, con 115.3 por ciento; Sonora, con 107.9 por ciento y Quintana Roo, con 102.8 por ciento.
Los penales del Estado de México y Sonora concentran algunos de los mayores números de internos por encima de su capacidad, mientras que en cárceles de Chiapas, Nayarit y Morelos la población rebasa hasta seis veces el cupo disponible.
El Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en el Estado de México, tiene capacidad para 2 mil 93 personas, pero alberga a 6 mil 239, un excedente de 4 mil 146 internos, equivalente a una sobrepoblación de 198.09 por ciento.
Le sigue el CPRS Ecatepec, también en el Estado de México, con 6 mil 279 internos para 2 mil 136 espacios, lo que representa una sobrepoblación de 193.96 por ciento.
En el CRS Hermosillo, Sonora, hay 6 mil 311 personas para una capacidad de 2 mil 393, es decir, 163.73 por ciento por encima del cupo.
En el CPRS Tlalnepantla, en el Estado de México, la población asciende a 5 mil 928 internos, frente a 2 mil 252 espacios, una sobrepoblación de 163.23 por ciento.
El CPRS Chalco, también mexiquense, registra 3 mil 817 internos para una capacidad de apenas 774 personas, lo que representa una sobrepoblación de 393.15 por ciento.
En términos porcentuales, la mayor saturación se registra en penales de menor capacidad, donde la población multiplica varias veces el número de espacios disponibles.
El caso más extremo es el CRS Número 7 Huixtla, en Chiapas, con 290 internos para 40 lugares, una sobrepoblación de 625 por ciento.
El pasado 13 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el problema que representa el incremento de la población penitenciaria y anunció la construcción de seis nuevos penales estatales, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas.
Los centros, dijo, serán construidos en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
En su conferencia matutina, la Mandataria afirmó que el incremento en la población carcelaria se debe a que durante su administración se han detenido a 70 mil personas y estas han sido enviadas a los distintos penales del País.
La administración de Andrés Manuel López Obrador cerró en septiembre de 2024 con una población penitenciaria de 234 mil 514 internos. Durante su administración se rompió la tendencia que había iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto de reducción de internos debido, principalmente, a que en 2014 entró en vigor plenamente el nuevo sistema de justicia penal.
En diciembre de 2014 en los penales del País había 255 mil 638 internos, cuatro años después, en diciembre de 2018, la población carcelaria sumó 197 mil 988, es decir, disminuyó 22.5 por ciento.
La reforma constitucional de 2008 que cambió el sistema penal de inquisitivo a acusatorio, implicó, entre otras cosas, recuperar la presunción de inocencia como uno de los valores fundamentales y estableció en la Constitución que la prisión preventiva oficiosa sólo aplicaba para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
A ese catálogo, en 2011 se incorporó el delito de trata de personas y en 2019 se adicionó un amplio grupo de conductas punibles: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones), robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada y cometida por particulares, así como portación y uso de armas de fuego prohibidas.
En 2024 se sumaron: extorsión, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y drogas sintéticas, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales.
Ese amplio catálogo, que suma al menos 30 conductas penales, implica que todas aquellas personas que sean acusadas ante un juez por haber incurrido en alguna de ellas, no pueden enfrentar su juicio en libertad, lo tiene que hacer en prisión.
De las 276 mil 873 personas que estaba en prisión al 30 de septiembre pasado, 105 mil 837 están sujetas a procesos, es decir, el 40.6 por ciento.
La constante expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva va en contra de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En los fallos de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México (noviembre de 2022) y García Rodríguez y otro vs. México (enero de 2023), el tribunal interamericano condenó al País al concluir que la prisión preventiva viola los derechos a la libertad personal, la presunción de inocencia, el control judicial de la detención y la igualdad ante la ley.
Como parte central de la condena, la CoIDH ordenó a México adecuar su ordenamiento jurídico interno, incluyendo el propio texto de la Constitución, para eliminar el carácter automático de esta medida cautelar.
Pese a los fallos condenatorios y a los llamados urgentes de instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, las propuestas legislativas continúan impulsando el ensanchamiento del régimen oficioso, consolidando una abierta contradicción entre la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
