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Habitantes acusan irregularidades en la regularización de predios, señalando cobros duplicados, falta de sustento legal y prácticas poco transparentes.
Staff / El Mañana
Habitantes del municipio de Tierra Nueva que adquirieron terrenos durante la pasada administración municipal denunciaron una serie de irregularidades que, aseguran, se han presentado en el actual gobierno encabezado por la alcaldesa Pilar Sánchez, situación que ha generado incertidumbre jurídica y creciente malestar social entre los afectados.
De acuerdo con los testimonios recabados, a varios ciudadanos se les estaría solicitando nuevamente el pago por lotes que ya fueron adquiridos con anterioridad, bajo el argumento de que la documentación con la que cuentan carece de validez legal. Las notificaciones, según señalan, han sido emitidas por la Sindicatura Municipal, sin que hasta el momento se les haya explicado con claridad el sustento jurídico de dicha exigencia.
Los inconformes también denunciaron que, durante reuniones convocadas en la presidencia municipal para abordar el tema, personal del ayuntamiento les solicitó entregar sus teléfonos celulares antes de ingresar, una medida que ha despertado sospechas y críticas entre los asistentes, al considerarla innecesaria y contraria a un ejercicio de transparencia que, en teoría, debería prevalecer en este tipo de procesos.
Otro punto que ha generado molestia es la justificación del nuevo cobro, ya que, según refieren los ciudadanos, se les ha indicado que los recursos serían destinados a obras de drenaje. Sin embargo, los afectados cuestionan esta versión al recordar antecedentes recientes de infraestructura hidráulica deficiente en zonas como el barrio de Santiago, lo que incrementa la desconfianza sobre el destino real de los recursos.
Asimismo, algunos habitantes han expresado dudas respecto a la designación de la actual síndica municipal, Cristihan Meléndez, al señalar que su llegada al cargo no fue resultado de una elección popular, tras la renuncia de la síndica titular y la negativa de la suplente a asumir la función, situación que, consideran, amerita una explicación pública clara.
Finalmente, los denunciantes aseguran que se les ha advertido sobre la posible pérdida de los terrenos en caso de no cubrir los nuevos pagos, lo que ha incrementado la tensión, especialmente entre familias de escasos recursos. Ante este escenario, los afectados llaman a las autoridades municipales a transparentar los procesos, respetar la documentación existente y privilegiar el diálogo, antes de que la incertidumbre derive en un conflicto social mayor.
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