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Staff / El Mañana
La agroindustria de la caña en la región huasteca enfrenta una cuenta regresiva debido al impacto de las importaciones y la caída constante en la rentabilidad de las cosechas.
El campo potosino atraviesa por uno de sus momentos más críticos y el panorama a mediano plazo resulta desalentero para miles de familias que dependen de la agroindustria azucarera. Especialistas y autoridades del sector agropecuario advierten que, de mantenerse las condiciones actuales de mercado, el cultivo y procesamiento de caña en la Huasteca podría extinguirse en el transcurso de la próxima década. Esta situación pone en jaque la economía de comunidades enteras donde el aromático cultivo ha sido el motor histórico de desarrollo y sustento generación tras generación.
El principal detonante de esta crisis radica en la masiva introducción de jarabe de maíz rico en fructosa proveniente del mercado externo, un endulzante artificial que desestabiliza los precios base del azúcar nacional y reduce de manera drástica las ganancias de los productores locales. A este factor económico se suman las recurrentes problemáticas ambientales que azotan a la zona, destacando los prolongados periodos de sequía, la escasez crítica de agua para el riego de las parcelas y el encarecimiento constante de los insumos indispensables para la labranza. Como resultado de esta asfixia financiera, un número creciente de propietarios ha optado por el abandono parcial o total de sus tierras de cultivo.
Frente a este escenario adverso, las instancias estatales han implementado diversas estrategias orientadas a mitigar el golpe en la economía rural mediante la dotación de maquinaria pesada, tractores e implementos agrícolas modernos, así como la rehabilitación permanente de caminos y circuitos cañeros. Estas acciones buscan eficientar los tiempos de traslado y disminuir los costos logísticos para llevar la materia prima desde las parcelas hasta los ingenios azucareros. No obstante, los expertos coinciden en que la magnitud del problema rebasa las capacidades locales y exige una intervención profunda de carácter federal para regular la comercialización de endulzantes y garantizar la supervivencia de la agroindustria nacional.
