- Tras agresión a mujer embarazada
- A tres meses de una agresión ocurrida presuntamente por una funcionaria municipal, no hay sanciones, ni respuestas oficiales, ni garantías de protección para la víctima.
San Luis, SLP, 17 diciembre 2025.- La presunta agresión física y verbal cometida por una inspectora de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital contra una gestora de trámites constructivos —quien se encontraba embarazada y cargaba a su hijo menor de edad— ha desatado una grave denuncia ciudadana por omisión institucional, encubrimiento y posible abuso de poder, ante la falta de sanciones y la continuidad laboral de la señalada.
La afectada, Mariel Sanai Lugo Rodríguez, denunció públicamente que el pasado 21 de octubre, al salir de realizar trámites laborales fue agredida por la inspectora Mirna Eloisa Mata Baltierra, quien presuntamente la jaló mientras sostenía a su hijo en brazos, provocando que el menor se golpeara en la cabeza. En ese momento, la gestora se encontraba embarazada.
De acuerdo con su testimonio, dos días después de la agresión sufrió un aborto, luego de que un médico le informara que el crecimiento del embrión se había detenido. La denunciante sostiene que la agresión ocurrió en un contexto de clara vulnerabilidad y que la inspectora no midió las consecuencias de su actuar, ejerciendo violencia tanto contra ella como contra su hijo.
Pese a la gravedad de los hechos, Mariel Sanai Lugo afirma que no ha recibido ninguna respuesta institucional ni por parte de la Contraloría Municipal ni de la Dirección de Desarrollo Urbano. Por el contrario, asegura que la inspectora continúa laborando con normalidad y que, desde entonces, ha sido víctima de hostigamiento y amedrentamiento, incluso dentro de la propia Unidad Administrativa.
“Sigo encontrándomela, se burla de mí, me intimida y me dice cosas. Vivo con miedo”, expresó la afectada.
La denunciante relató que el día de la agresión no existía conflicto previo con la inspectora y que se encontraba únicamente realizando su trabajo junto a su arquitecto. Sin embargo, la funcionaria comenzó a agredirla verbalmente, incluso dirigiendo insultos hacia sus hijos.
“Me dijo que no le importaba, que estaba cobijada por el presidente Enrique Galindo, por su jefe Enrique Correa y por la ingeniera Ángeles Rodríguez”, declaró.
Mariel Sanai Lugo también denunció que, lejos de recibir apoyo, ha enfrentado bloqueos laborales dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Señaló que una cita programada con el ingeniero Enrique Correa fue cancelada tras una llamada de éste a su jefe, y desde entonces sus trámites han sido detenidos sin justificación clara.
De acuerdo con la víctima, en reuniones internas se intentó justificar la agresión como un “pleito de vecinas”, versión que desmiente categóricamente.
“No somos vecinas, no sé dónde vive, nuestra relación es únicamente laboral. Decir eso es encubrimiento”, afirmó.
Cabe destacar que, al momento de la agresión, la inspectora portaba el chaleco oficial del Ayuntamiento, lo que refuerza el señalamiento de que actuó en funciones y bajo el amparo de su cargo público.
La gestora señaló que el propio ingeniero Correa le habría comunicado a su jefe que el bloqueo laboral provenía “desde el mismo presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos”, aunque —subrayó— dichas restricciones solo se presentan en Desarrollo Urbano y no en otras áreas del Ayuntamiento.
Paradójicamente, el día en que el Ayuntamiento conmemoraba la no violencia contra las mujeres, la víctima ingresó formalmente su queja ante la Contraloría, sin obtener respuesta alguna. También existe una denuncia presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ante la falta de atención por parte del gobierno municipal y el temor por su integridad y su empleo, Mariel Sanai Lugo hizo un llamado directo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que intervenga en el caso.
“Sí tengo miedo de que a partir de esta denuncia pública algo me pueda pasar”, advirtió.
Pese a las presiones, la gestora afirmó que continuará acudiendo a la Unidad Administrativa, al tratarse de un espacio público y de su fuente de trabajo.
La víctima reiteró que está abierta al diálogo y a una mediación, pero exige justicia, reparación del daño y garantías de no repetición, particularmente por la pérdida de su embarazo tras la agresión.
Los hechos ocurrieron en la calle Comonfort, en pleno ejercicio de funciones de la presunta agresora, lo que coloca al Ayuntamiento de San Luis Potosí bajo un severo cuestionamiento sobre la actuación de sus funcionarios, la protección a las víctimas y la tolerancia a la violencia de género dentro de la administración pública.
