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Denuncian red de falsos servidores

-Particulares operan programas federales en el Altiplano sin nombramiento.

Staff/El Mañana

Una denuncia encendió las alarmas en la región del Altiplano al señalar una usurpación de funciones dentro de la Secretaría de Bienestar. De acuerdo con el testimonio, tres personas que no forman parte formal de la estructura institucional están realizando labores exclusivas de los Servidores de la Nación, con acceso incluso a información sensible de beneficiarios.

Desde hace alrededor de un año y medio, el director regional, Jorge Armando Torres, y el delegado, Guillermo Morales López habrían permitido que Aarón Alberto Alemán Rodríguez, Edgar Alejandro Luna Coronado y Samuel Gómez Izquierdo operen dentro de la dependencia con acceso a datos personales, tarjetas bancarias destinadas a beneficiarios, fechas de incorporación y documentación interna relacionada con programas sociales federales.

El señalamiento central es que ninguno de los tres es actualmente servidor público en la Secretaría de Bienestar. Pese a ello, en municipios como Charcas, Venado y Santo Domingo se les ha visto encabezando actividades vinculadas con programas como Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres, La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, incluso utilizando vehículos oficiales y portando chalecos institucionales.

Los denunciantes optaron por el anonimato ante el temor de perder su empleo. También advierten que ya hubo inconformidades internas, pero que una persona que pretendía presentar una denuncia formal habría sido persuadida por el propio director regional para no proceder legalmente contra uno de los señalados.

La preocupación crece porque, según los denunciantes, en redes sociales de los implicados existen publicaciones donde se promueven realizando actividades reservadas al personal oficial, pese a que registros patrimoniales indicarían que dejaron de laborar en la dependencia años atrás o que, en uno de los casos, nunca ha sido servidor público. Bajo este escenario, podría tratarse de una estrategia para posicionar políticamente a estas personas rumbo al proceso electoral de 2027 utilizando la estructura de programas sociales federales.

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