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Staff / El Mañana
La desaparición de seis lámparas históricas de la Alameda Juan Sarabia desató una intensa polémica entre especialistas en patrimonio cultural y autoridades locales, poniendo al descubierto la vulnerabilidad del mobiliario urbano en pleno corazón de la capital potosina.
El misterio en torno al paradero de estas piezas patrimoniales generó un profundo desconcierto ciudadano, luego de que especialistas y defensores del centro histórico advirtieran sobre un vacío alarmante en la custodia de los monumentos públicos. La falta de información inmediata sobre el destino de los soportes encendió las alertas de diversos sectores sociales que temen un deterioro irreversible del sitio.
Frente a la creciente presión pública, la Dirección de Servicios Municipales salió al paso para aclarar que las seis farolas no fueron sustraídas por la delincuencia, sino retiradas bajo un esquema de resguardo institucional. Según la dependencia, cinco de los postes metálicos reciben trabajos especializados de mantenimiento, mientras que uno más fue intervenido tras sufrir daños severos a consecuencia de un percance vial.
Sin embargo, la versión oficial generó fricciones con expertos en historia y conservación urbana, quienes recordaron que cualquier modificación o retiro de elementos antiguos exige un protocolo riguroso ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los especialistas recalcaron que la ausencia de dictámenes periciales pone en entredicho el manejo adecuado de estas estructuras centenarias que forman parte de la identidad potosina.
A este diferendo técnico se sumaron severos cuestionamientos desde el ámbito legislativo, donde diversos actores políticos señalaron que el caso refleja la precaria vigilancia que impera en los espacios públicos del primer cuadro. Acusaron que el descuido de la zona facilita tanto la vandalización como los accidentes de tránsito sin que exista una respuesta preventiva eficaz por parte de las corporaciones encargadas del orden.
Ante este panorama, organizaciones civiles y vecinos del sector exigieron cuentas claras sobre los protocolos de reparación y el tiempo estimado para la reinstalación de las piezas originales. Demandaron que el Ayuntamiento garantice una supervisión transparente y que los costos de los daños ocasionados por terceros sean cubiertos íntegramente por los responsables legales de los percances automovilísticos.
El incidente mantiene abierta la discusión sobre la urgencia de blindar los monumentos históricos frente a la ola de incidentes y el abandono operativo que afecta los corredores turísticos. Las autoridades municipales prometieron devolver las farolas a su sitio una vez concluida su rehabilitación, aunque el episodio dejó en evidencia la fragilidad con la que se protegen los bienes públicos en la capital.
