🔊 Escuchar esta nota informativa:
Staff / El Mañana
Registran planteles con formación castrense en la entidad pese a restricciones vigentes para menores de edad.
La presencia de colegios y academias con disciplina castrense en el país ha entrado en una fase de escrutinio público y regulatorio debido a los vacíos legales que rodean su funcionamiento.
Datos oficiales del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que en San Luis Potosí operan formalmente cuatro escuelas militarizadas, a pesar de que la normativa oficial determina que la instrucción militar no se encuentra autorizada para la población infantil y adolescente fuera de las Fuerzas Armadas oficiales.
A nivel nacional, el padrón del Inegi contabiliza 99 instituciones de esta índole entre colegios, academias, centros deportivos e institutos de formación.
El desglose del sector muestra que el 63.2 por ciento de estos centros funciona bajo la administración del sector público en distintos estados, mientras que el 36.8 por ciento restante pertenece a particulares.
En el panorama regional, la entidad potosina comparte la misma cifra de planteles que Puebla, ubicándose por debajo de demarcaciones con mayor concentración como la Ciudad de México con 12, Nuevo León con 11, el Estado de México con ocho, y las entidades de Sinaloa y Tamaulipas que registran siete cada una.
Uno de los datos que genera mayor preocupación entre especialistas en derechos de la infancia es la inclusión de la población de primera infancia en estos esquemas.
El informe del organismo de estadística detalla que al menos doce de estos establecimientos en el país imparten educación a nivel preescolar, atendiendo a niños de entre tres y cinco años de edad bajo estatutos de disciplina rigurosa.
Esta situación contraviene los lineamientos educativos federales que reservan la instrucción de índole militar de manera exclusiva a los planteles de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.
El debate nacional sobre la pertinencia de estos modelos se reabrió con fuerza tras el trágico fallecimiento de Dafne, una estudiante de 13 años que perdió la vida dentro de las instalaciones de un internado militarizado en Ciudad Madero, Tamaulipas.
El suceso encendió las alarmas sobre los métodos de adiestramiento, el castigo corporal y la falta de supervisión por parte de las autoridades educativas civiles en centros privados y estatales que operan al margen de la ley.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han exigido una revisión integral de los permisos de funcionamiento y las licencias comerciales de estos 99 planteles repartidos en el territorio nacional.
Argumentan que someter a menores de edad a rutinas y disciplinas de carácter marcial vulnera sus derechos fundamentales y pone en riesgo su integridad física y emocional, por lo que urgieron a homologar los criterios de inspección en las 32 entidades federativas.
