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Ante las constantes fallas en pozos, el desabasto de agua y el creciente deterioro de la infraestructura hidráulica, ciudadanos han insistido en que los 600 millones de pesos que permanecen detenidos para obra pública sean canalizados a la rehabilitación del sistema de agua potable y drenaje, en lugar de mantener proyectos sin ejecutar.
La petición surge luego de que los propios indicadores de Interapas revelaran un incremento en las fallas electromecánicas y que el organismo contemple destinar cerca de 40 millones de pesos al reparto de agua mediante pipas, una medida que únicamente atiende la emergencia sin resolver el problema de fondo.
Vecinos consideran que esos recursos permitirían modernizar pozos, sustituir equipos dañados, reparar líneas de conducción y reducir las interrupciones que diariamente afectan a miles de familias de la zona metropolitana. Aseguran que garantizar el acceso al agua potable debe ser la prioridad antes que cualquier otra obra, al tratarse de un servicio básico indispensable para la población.
