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Staff / El Mañana
Una superficie superior a las 19 hectáreas del ejido Troncones y La Corriente pasa a control federal para ser comercializada y otorgada legalmente a familias avecindadas.
Una importante extensión de terreno de uso común en el ejido Troncones y La Corriente, en Ciudad Valles, pasará a un proceso de regularización territorial tras decretarse formalmente su expropiación. La medida contempla la intervención de una superficie total de 19 hectáreas, 21 áreas y 75 centiáreas, las cuales estaban catalogadas como suelo de temporal y ahora se destinarán al ordenamiento urbano del sector.
El decreto legal estipula que dicha superficie quedará a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), organismo que asumirá la responsabilidad de dar certeza jurídica a las familias que habitan el polígono desde hace tiempo. A través de este esquema, los poseedores actuales podrán adquirir formalmente sus solares urbanos mediante contratos de compraventa, logrando la titulación definitiva de sus viviendas y garantizando el patrimonio de sus familias.
Además de regularizar los lotes ocupados por los avecindados, el plan proyectado contempla la puesta a disposición de superficies vacantes para terceras personas interesadas en adquirir predios dentro de la zona. De igual forma, el proyecto prevé la reserva de espacios comunitarios que serán donados expresamente para la construcción de equipamiento público, redes de infraestructura básica y la prestación de servicios municipales en beneficio del asentamiento.
Para concretar el traspaso de la tierra, el dictamen emitido fijó una indemnización económica de un millón 923 mil 13 pesos con 16 centavos. Este monto se estableció a través de un avalúo oficial elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), y deberá ser acreditado o cubierto con presupuesto institucional hacia quienes comprueben los derechos agrarios correspondientes sobre las parcelas afectadas.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dará seguimiento al cumplimiento formal de la ejecución una vez que se verifique la liquidación del pago indemnizatorio. Con esta acción se busca poner fin a la incertidumbre sobre la posesión de la tierra en este sector de la Huasteca y permitir el ingreso de obras de urbanización formal.
