La UASLP interpreta la autonomía a su conveniencia y continúa sin permitir auditorías de sus recursos, a pesar de múltiples intentos de auditores estatales y federales por acceder a la cuenta pública de ejercicios recientes, la institución ha recurrido a juicios de nulidad, amparos y controversias constitucionales, pero todos han sido desechados por tribunales y la Suprema Corte.
Desde 2023, la UASLP desde el gasto del ejercicio 2022 ha presentado recursos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y ante instancias federales, primero la Auditoría Superior del Estado, ya desparecida, y luego el Instituto Superior de Fiscalización del Estado han buscado revisar la cuenta pública, sin que la institución ceda.
En 2024, continuaron los recursos (controversias constitucionales y amparos directos) que fueron desechados por la SCJN por notoriamente improcedentes, manteniendo la postura de no someterse a la revisión; son claros los indicios de opacidad en el destino de ingresos propios, posibles fallas en el registro contable y dudas sobre gastos en nómina, bonos y jubilaciones de altos cargos, además de investigaciones en torno a inversiones como la renta del terreno para un “Centro Deportivo Santa Fe” a un precio irrisorio.
Aunque la UASLP afirma entregar la cuenta pública al Congreso del Estado en tiempo y forma, se opone a su revisión, se señalan posibles conflictos de interés y una autonomía que, en la práctica, podría estar condicionada a intereses administrativos espurios.
El secretario de Finanzas de la UASLP, Isaías Martínez Guerra, es sobrino del rector, ya estaba en el cargo antes de que éste asumiera el cargo, pero lo ratificó a pesar del conflicto de interés más que evidente, el orgullo de su nepotismo; y hay casos de alta remuneración y jubilaciones sustanciales para directivos, con denuncias de duplicidad de pagos y falta de evidencia documental de gastos.
