Staff/El Mañana
Mientras el alcalde Enrique Galindo intenta “regañar” a los padres del caso Rich y responsabilizarlos por la tragedia, su propio historial familiar vuelve a colocarlo en el centro de un cuestionamiento moral inevitable. Hace un año, su hijo —acompañado de escoltas— fue señalado por golpear brutalmente a un joven afuera de un antro en la capital potosina. Lejos de ser un incidente aislado, el episodio exhibió una conducta violenta y un uso indebido de personal de seguridad al servicio del entorno del alcalde.
La indignación creció cuando testigos denunciaron que una mujer que intentó defender al joven también fue empujada y agredida por el grupo, sin que hasta la fecha exista un solo pronunciamiento público de Sebastián Galindo o del propio presidente municipal. Ninguna disculpa, ninguna aclaración, ninguna intención de asumir responsabilidad.
Por el contrario, según versiones cercanas al caso, la respuesta del entorno del alcalde fue sacar al joven del estado para evadir la justicia y contener el escándalo, una maniobra que habría sido impulsada directamente por Galindo Ceballos. Para organizaciones civiles, este manejo confirma un doble estándar: exigencia moral hacia las familias afectadas en el caso Rich, pero silencio absoluto cuando la violencia proviene de su propio círculo.
El episodio vuelve a la discusión pública como recordatorio incómodo de una autoridad que aplica un discurso de responsabilidad hacia afuera, mientras protege y encubre hacia adentro.
